Un tribunal argentino ha condenado a penas de 2 años de prisión y 6 de inhabilitación por un delito de homicidio imprudente a cuatro funcionarios del ala psiquiátrica del centro penitenciario de Buenos Aires en el que murió, víctima de un incendio, el joven David Díaz, vecino de Monzón.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 4 de la Capital Federal considera que los cuatro acusados propiciaron la muerte tanto del joven montisonense como del recluso que causó el incendio al incumplir sus deberes como funcionarios.
El joven murió por inhalación de humo la madrugada del 31 de mayo de 2011 en la referida penitenciaría federal, en la que había ingresado tras ser detenido en el aeropuerto de Buenos Aires por su implicación en una presunta operación de tráfico de drogas. Díaz, con 19 años en ese momento, tenía una discapacidad intelectual del 49% que llevó con posterioridad a sus padres a iniciar una campaña para exigir reformas legales para controlar los movimientos de estas personas al independizarse.
El tribunal señala que los cuatro funcionarios, el celador de guardia, el jefe del turno, el responsable del turno de noche y el director de la unidad incumplieron su deber de registrar al interno que provocó el incendio en la celda contigua a la de Díaz.
Considera probado que este interno, con antecedentes graves psiquiátricos, no sólo pudo introducir un mechero en la celda acolchada en la que fue ingresado, sino que fumó y finalmente prendió uno de los revestimientos de la estancia, que desataron un violento fuego en pocos momentos. El tribunal señala que esta serie de sucesos se debió al deficiente registro y al incumplimiento del deber de los funcionarios de vigilar a través de los monitores internos a este paciente, que horas antes se había subido desnudo por las paredes mientras profería «risas delirantes». A los responsables del centro, el tribunal argentino les responsabiliza, además, de no haber hecho un tratamiento ignífugo a las paredes de la sala acolchada que hubiera impedido o retrasado el fuego que se desató en la celda. El tribunal responsabiliza a los cuatro funcionarios de un delito de homicidio imprudente agravado por la cantidad de víctimas.
La sentencia no es recurrible al derivarse de un acuerdo entre la fiscalía argentina y la defensa que no pudieron impedir los representantes legales de la familia, que solicitaron la celebración de un juicio abierto para la depuración de responsabilidades por homicidio culposo. Los padres, tras una campaña que ha durado siete años, han expresado su dolor por la resolución de la justicia argentina al impedir la celebración de una vista pública.
