Una abogada zaragozana ha aceptado una condena de un año y nueve meses de prisión por dar altas y bajas ficticias de inmigrantes en la Seguridad Social con las que estas personas conseguían permisos de residencia o prestaciones sociales. Fue ayer ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza que iba a ser el encargado de juzgar a 29 personas en total por formar parte de esta trama que destapó en el 2013 la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional en Zaragoza y la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

La encausada, Eva María Z. L. no tendrá que cumplir la pena de privación de libertad, ya que el juez aceptó la solicitud de suspensión de la condena al no contar con antecedentes penales previos. El resto de encausados, salvo dos que están en paradero desconocido y otros tres que mantienen que son inocentes, acordaron a través de sus abogados defensores, entre ellos José Cabrejas y Ana Herrando, la pena de 6 meses de cárcel frente a los 2 años a los que se enfrentaban.

Los investigadores detectaron la formalización de contratos ficticios, sin prestación de servicio alguna, elaborados con el propósito de obtener en unos casos autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena y en otros el reconocimiento de prestaciones por desempleo.

Para dicha simulación, según la Policía Nacional, se utilizaba el Sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED) de la Seguridad Social, siendo detectado que la letrada zaragozana estaba autorizada en ese sistema y figuraba como gestora de varias entidades. Los agentes pudieron comprobar que Eva María Z. L. estaba en connivencia con empresarios y trabajadores que simulaban una inexistente relación laboral.

De este modo, la enjuiciada, como autorizada en RED de la entidades Ndiambor S.C., Sante Yalla S.C. y Ande Defar S.L., en connivencia con el gerente de la misma, T. L. G. -que se encuentra en rebeldía-, comunicó unas supuestas altas y bajas de empleados, recibiendo directamente de estos, en algunos casos, dinero en metálico por los favores prestados. En concreto algunas personas llegaron a abonarle 2.000 euros. La sentencia con respecto a la letrada no podrá recurrirse al ser una conformidad.