El 17 de noviembre del 2016, la Policía Nacional interceptaba en el peaje de la AP-68 en Alagón una furgoneta con 21 kilos de hachís, una pequeña parte en la guantera y la mayoría en grandes fardos en la zona de carga. Lo que en su momento se comunicó como un control aleatorio formaba parte de una gran operación antidroga, que ayer se juzgó en parte en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Los dos ocupantes de la furgoneta y otros tres miembros de la banda hispanorrumana aceptaron penas de entre siete (para el cabecilla, Íñigo H. D.) y tres años y siete meses de cárcel. Estos son los que le piden al único de los acusados que no se conformó con la pena propuesta, y negó su participación en los hechos.

Siguiendo la renovada doctrina del Supremo, al no pactar uno de los acusados la vista se celebró para todos, pese a que las penas fueron acordadas para la mayoría. Todos menos el inconformista, Mimi L., se negaron a declarar, y este solo lo hizo ante su abogado, para negar cualquier relación con la red y declararse extoxicómano.

Según explicó el instructor policial de Madrid (la operación se desarrolló entre la capital, el País Vasco, Aragón y Cataluña), la investigación se inició por un aviso de la Embajada de España en Rumanía, de que un ciudadano rumano tenía intención de establecer en España una red de tráfico de cocaína. Durante las investigaciones, a alguno de sus miembros se le interceptó otra furgoneta de hachís en Orihuela (se juzga aparte), y esta droga parece ser, en realidad, la que más trasegaba la banda. A su cabecilla, Íñigo H. D., si le descubrieron en el País Vasco unos tres kilos de speed y cocaína, por lo que aceptó la mayor pena, siete años. A los transportistas e intermediarios (Zulli Beatriz M. V., Alexandru N. B., Romeo S. A. y Romeo M. M.) les correspondió la mitad.