Óscar Molina Valle ha sido condenado a 15 años de prisión por matar a su jefe, Jordi Milián, a traición, con un tiro por la espalda y otro de gracia en el pómulo. A otro año de cárcel por llevar, sin licencia, la pistola con la que le mató, y que nunca apareció. Y a otros tres meses por conducir sin carnet al huir de la nave de Mequinenza donde tuvo lugar el crimen, en mayo del 2011. Tras su fuga y tras ocultar la pistola, acabó siendo detenido por la Guardia Civil y confesó, ya ante el juez.

El magistrado presidente ha avalado prácticamente las solicitudes de condena de la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el letrado José María Viladés en nombre de los padres del fallecido, aunque ha interpretado más ampliamente el alcance de la confesión --ante el juez--. Fue el único atenuante que le reconocieron los miembros del jurado que dictaminaron sobre el caso, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la semana pasada. Ambas acusaciones pidieron 16 años por el asesinato, Fiscalía otros dos por tenencia ilícita de armas --uno, para la familia-- y cuatro meses por el delito contra la seguridad vial.

El acusado también tendrá que indemnizar a la hija del fallecido con 150.000 euros y a cada uno de sus padres con 50.000 euros, por el daño moral inflingido "ante el vacío que supone la pérdida definitiva del ser querido en las trágicas y despreciables circunstancias en que aconteció", según recoge el magistrado presidente.

La sentencia repasa, apoyada en el veredicto del jurado, los factores que remarcan "la consciencia y convencimiento" de Molina de que sus disparos, en zonas vitales del cuerpo, iban a causar la muerte de su jefe, con el que acababa de discutir. Según explicó en el juicio, por una deuda que no le pagaba. Se trata de un asesinato al concurrir la alevosía, por haber actuado con "imposibilidad de que la víctima pudiera defenderse" al disparar por detrás.

Pero el jurado también declaró probado, por unanimidad, que las declaraciones de Molina ante el Juzgado de Instrucción de Caspe contribuyeron "de manera relevante" a que la investigación fuera "eficiente", al reconocer los hechos. Este beneficio de la confesión, según la jurisprudencia, ha de aplicarse aunque el relato "no haya sido perfectamente veraz, como es el caso" --el condenado sostenía que la pistola la llevaba el fallecido y se disparó en un forcejeo--, y rebaja los tres delitos, ya que los reconoció todos.

La sentencia también condena a Molina a pagar las costas del proceso, incluídas las de la acusación particular.