La Audiencia de Zaragoza ha condenado a 2 años de prisión por apropiación indebida e insolvencia punible a un extesorero del sindicato OSTA por un defraudar más de 300.000 euros durante los años en los que estuvo al frente de las cuentas de la organización.

La sentencia, conformada entre fiscalía y defensa, condena, asimismo, a la esposa del acusado a un año de prisión por insolvencia punible y absuelve de este mismo delito a la hija del matrimonio.

Además, el tribunal condena al matrimonio a indemnizar al sindicato en 175.000 euros, aunque al mismo tiempo los declara insolventes de cara a hacer frente al pago.

En su relato de hechos probados, la Audiencia de Zaragoza estima que el acusado llegó a apropiarse de 195.000 euros mediante distintas estratagemas, aunque el fraude económico fue mayor ya que dejó de pagar cuotas a la Seguridad Social y a la aseguradora contratada por los afiliados.

El acusado fue contratado en septiembre de 2004 con la misión de encargarse de nóminas, presupuestos y balances de la organización, y llegó a convertirse en la única persona con un control directo sobre la contabilidad y las cuentas, por decisión de la ejecutiva del sindicato.

Según el tribunal, este trabajador "abusó de la confianza" en él depositada para llevar a cabo el fraude.

La dirección de OSTA fue conocedora de la situación en marzo de 2013, al serle notificado por dos agentes de la policía local de Zaragoza el embargo de un vehículo por impagos a la Seguridad Social.

La investigación llevada a cabo por responsables del sindicato permitió determinar que el acusado se subió de forma indebida el sueldo en varias ocasiones, suscribió un seguro médico para su familia a cargo del sindicato, ingresó dinero en su cuenta o en la de su mujer y dejó un desfase en caja de 190.000 euros.

Verificaron, además, que el sindicato adeudaba a una aseguradora médica cuotas de sus afiliados por 82.000 euros, 200.000 euros a la Seguridad Social y 14.000 al propietario del local donde se ubicaba la sede.

En una reunión celebrada en marzo de 2013 entre un responsable del sindicato y la familia del trabajador, el acusado y su esposa reconocieron la apropiación indebida y solicitaron un plazo de tiempo para buscar una solución.

Este tiempo, hasta la presentación de la denuncia por parte del sindicato, fue utilizado por los acusados para tratar de ocultar el patrimonio familiar y eludir así cualquier responsabilidad civil.