El exjefe de recursos humanos de la empresa Transportes Ochoa, Juan Carlos Velilla Cristóbal, ha sido condenado a cinco años y tres meses de prisión como autor confeso de la estafa que costó a la entidad --actualmente en concurso de acreedores-- casi 900.000 euros, que fueron a parar a sus cuentas bancarias y a las de su esposa, María Pilar Rubio Gimeno. La Audiencia Provincial de Zaragoza descarta que esta, aunque estuvieran separados, no conociera la trama, y le impone una pena de 15 meses de prisión por un delito de receptación.

Ambos, que ya pusieron sus bienes a disposición del tribunal, deben indemnizar a Transportes Ochoa con 888.000 euros. La entrega de los bienes ha supuesto una rebaja --por reparación del daño-- para la pena de Velilla. Lo que no han tenido en cuenta los magistrados de la Sección Primera es la confesión que pedía su letrada, Violeta Pérez. El hombre explicó a sus superiores cómo había desviado los fondos durante diez años sin que se dieran cuenta, pero lo hizo una vez que un compañero suyo detectó las irregularidades.

En cuanto a la mujer, su abogado, Iván Sanz, también había pedido la absolución, porque el marido asumió la culpa en solitario y porque estaban separados --aunque viviesen juntos-- y él llevaba las cuentas. Pero los jueces no creen que la esposa no supiera nada, cuando recibía no solo más de lo que le correspondía como pensión, sino más de lo que cobraba su cónyuge.

Según confesó Velilla, modificaba las transferencias de nóminas --parte de la pena es por falsedad documental-- para aumentar sus ingresos. También inscribió a su mujer como empleada, con el número de una antigua trabajadora. Una vez recibido el dinero cambiaba de nuevo el fichero e incluía las cantidades como dietas de los camioneros, que al no tributar no se contabilizaban individualmente.