Un funcionario que trabajaba como administrativo en la Dirección General de Tráfico de Zaragoza, Juan Gerardo Q. P., ha sido condenado a dos años de prisión, doce de inhabilitación y 2.160 euros de multa por arreglar la documentación y dar de alta unas cuantas motocicletas, al menos una robada, para dos conocidos que le pagaban entre 100 y 350 euros por transacción, dependiendo de si el vehículo contaba o no con papeles. Estos dos conocidos, Manuel F. G. y David C. T., también han sido condenados a un año de prisión y 600 euros de multa cada uno por sobornar al funcionario.

La sentencia fue de conformidad, y evitó la celebración de un juicio con jurado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Según los hechos que los tres aceptaron como probados, el funcionario, que trabajaba como operador de información en el negociado de vehículos de la DGT, se encargaba de realizar las transmisiones de automóviles y motos y de expedir permisos de circulación.

Por su interés mutuo por las motocicletas antiguas conoció a Manuel F. G., quien le comentó que, dado su puesto, podría facilitar gestiones a la hora de transferir motos. Manuel a su vez conocía a otro coleccionista de motos antiguas, David C. T., y ambos contactaron con el funcionario para ofrecerle el pago por tramitar las transferencias.

Con estas condiciones les ayudó a regularizar seis motocicletas, para lo cual borraba las incidencias de la base de datos que impidiera expedir el permiso. Una de las motos había sido robada en Cataluña, y su dueño, al ir a darla de baja, descubrió que estaba inscrita a nombre de otra persona y destapó la trama. El funcionario devolvió los 306 euros que la DGT no ingresó por las operaciones.