El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza ha condenado a Idrissa Gueye a una multa de 900 euros por injurias a la Policía Local de Zaragoza, a cuyos agentes acusó, en varias intervenciones públicas, de hostigar a los manteros como él y robarles mercancía. El magistrado le absuelve del delito de calumnias que también le imputaban, y exonera igualmente a la asociación de inmigrantes senegaleses AISA, también acusada por la acusación particular, a cargo del sindicato STAZ. Este mostró su «satisfacción» por el fallo, que entiende que avala la «exquisita profesionalidad» con la que actúa el Cuerpo municipal.
El juez Eduardo Marquina recoge como hechos probados que Gueye, en un reportaje elaborado por eldiario.es en el 2018, vertió junto con otros manteros anónimos «graves acusaciones» contra la Policía Local, a la que acusaba de quedarse la mercancía que les requisaban y no dar parte de ello. Además, repiTió las manifestaciones en ruedas de prensa y en concentraciones de protesta, «con temerario desprecio a la verdad y con plena conciencia de que así ofendía la dignidad y profesionalidad» del Cuerpo. Llegó a decir que «les agreden y lo hacen solo porque son negros».
HECHOS FALSOS
El magistrado considera que estas acusaciones no son ciertas, según las pruebas recopiladas en el juicio, y que constituyen un delito de injurias con publicidad, penado con la citada multa. Deja para la fase posterior de ejecución de la sentencia la aplicación del artículo 216 del Código Penal. Es decir, la reparación del daño que conllevan las condenas por injurias o calumnias, que pueden incluir la obligación de publicar una disculpa o información que se ajuste a los hechos probados, en su caso. En cualquier caso, la sentencia es recurrible.
Las acusaciones de la asociación senegalesa, amparada luego por el grupo de Derechos Civiles del 15-M, motivó una investigación interna (información reservada, técnicamente) del Ayuntamiento de Zaragoza, regido por entonces por Zaragoza en Común.
Aunque el equipo de Gobierno trató de quitarle hierro al asunto, este causó un hondo malestar en el Cuerpo municipal y la oposición criticó que se pudiera en duda la profesionalidad de los agentes desde el propio consistorio. En cualquier caso, el expediente se cerró sin ninguna consecuencia para los agentes investigados, tras tomarles declaración y recabar las pruebas pertinentes.
