El procurador Isaac J. N. aceptó ayer un año de cárcel y 720 euros de multa por un delito de apropiación indebida al haberse quedado 62.688,30 euros de una comunidad de vecinos del Actur, en Zaragoza. Inicialmente se enfrentaba a 14 años de prisión que solicitaba la Fiscalía y la abogada de la acusación, Mercedes Octavio de Toledo.

El acusado, defendido por la penalista Cristina Ruiz-Galbe, ejerció como procurador de dicha comunidad de vecinos en un procedimiento contra una empresa de construcción y un arquitecto. La sentencia condenaba a los demandados a pagar 62.688,30 que fueron consignados en el juzgado a favor de los propietarios. Retiró como procurador dicha cantidad el 5 de noviembre de 2009 y no la entregó a los vecinos, apoderándose del importe.

En marzo de 2015 la comunidad se dio cuenta y pidió la devolución. Tardó un año en devolver el dinero.