Todas las condenas y sanciones producidas «por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa» durante la Guerra Civil o la dictadura quedarán anuladas a través de un anteproyecto de Ley de memoria democrática que, tal y como adelantó ayer EL PERIÓDICO, el Consejo de Ministros acogería el próximo 15 de septiembre y seguidamente aprobaría tras su trámite parlamentario. Y son muchos los aragoneses que fueron condenados en el franquismo y que hoy ven esta decisión como algo «necesario» que, no obstante, les siguen generando «muchas dudas».

Miguel Ángel Zamora, fundador de Comisiones Obreras (CCOO) de Aragón, fue detenido en el año 1972 y uno de los acusados en el conocido como Proceso 1001. En su caso, la condena fue de 12 años, que recurrió al Tribunal Supremo, reduciendo la pena, y saliendo en libertad de la prisión de Carabanchel a los dos años y ocho meses. Aunque su caso quedó en el pasado con el proceso de amnistía general, considera que este anteproyecto de ley es «necesario». Desde su punto de vista es «vergonzoso que hayan pasado más de 40 años para que esto ocurra». Zamora lamenta que los maquis todavía estén catalogados como bandoleros.

Además, cree que la ley es una satisfacción para las familias. «Para mí, sinceramente, ni me da frío ni calor en lo personal, en lo político y lo social sí, a mí nadie me va a quitar los años en la cárcel, nadie me va a pagar nada y me parece folclórico», explica. «Justicia es que hubiera habido un reconocimiento real, como hubo en Francia», prosigue. Subraya que es justo que se haga, pero «se queda en la superficie».

Esperanza Martínez, nacida en Cuenca, pero hija adoptiva de Zaragoza, formó parte de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón y fue integrante del Partido Comunista de España. Fue detenida en el 1952, yendo de comisaría en comisaría, hasta llegar a la cárcel. En prisión estuvo 15 años seguidos, ya que la condenaron en dos Consejos de Guerra.

Para Martínez, todavía queda mucho por reivindicar en materia de memoria democrática, «porque de lo que se dice a lo que se hace hay mucho trámite», indica. «Llevamos 80 años por el reconocimiento de la memoria democrática porque no nos han hecho caso casi nunca», lamenta. «Más vale tarde que nunca, ojalá porque estamos tras de ello, seguimos presionando», dice a sus 93 años. Haciendo honor a su nombre, asegura tener esperanza, «como no la he tenido en otros momentos». Personalmente, lo percibe como un reconocimiento jurídico, «no solo a los que quedaron por el camino, también las que estamos».

Floreal Torguet tenía un año cuando comenzó la Guerra Civil. En su juventud se unió al Partido Comunista y fue detenido en el 1971 con un paquete de octavillas del partido. «Me tuvieron 13 días en comisaría y tras juzgarme estuve en la cárcel dos meses», recuerda. A él le condenaron a cinco años, de los que pasó preso tres. Valora positivamente que se den pasos en la ley de memoria. «Nosotros no fuimos delincuentes, pasamos por la cárcel por defender el bienestar de la mayoría de la gente», defiende. A sus 85 años insiste en que es importante «seguir con la lucha».

Miguel Zamora y Agustín Gavín.

El zaragozano Agustín Gavín fue detenido en el año 1972 y estuvo 20 meses encarcelado. Considera que la ley resarce moralmente a gente que fue sometida a injusticias en esa época. «Es necesario para que las generaciones que vienen lo sepan», opina.

La norma prevista también conllevará la ilegalización de fundaciones como la Francisco Franco o asociaciones que hagan apología de la dictadura o que inciten al odio o la violencia contra las víctimas de guerra o el régimen franquista. «Es antinatural que en España todavía haya organizaciones que puedan defender la dictadura públicamente, y que encima reciban subvenciones públicas», opina Miguel Ángel Zamora.

Para La Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico) «ya se tardaba en poner en marcha estas leyes», pero considera complicado el cumplimiento de este tipo de normas. «Compensa tantos años de sufrimiento a las familias», declara su presidente, Miguel Ángel Capapé. Él espera que salga adelante la ley porque mejora la que actualmente está en vigor del 2007.

Asimismo, la nueva ley reconoce la responsabilidad del Estado en la búsqueda de desaparecidos y se compromete a crear un banco nacional de ADN. Arico no vería con buenos ojos que las exhumaciones se llevaran a cabo mediante concesiones adjudicadas a empresas. La asociación, que lleva una década trabajando en exhumaciones, recuerda que hasta ahora los procesos se han realizado mediante subvenciones y considera que una adjudicación a través de empresas es «arriesgado».

Según el presidente, al menos hay 600 fosas en Aragón y temen que algunas no cumplan por motivos económicos o de plazos y no tengan en consideración a las familias. «Me parece un poco frío de cara a los familiares», apunta Capapé. Desde la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), señalan que esta nueva ley es positiva, pero «lejos de lo que nos hubiera gustado conseguir, que es una posición más radical, que quedara más claro qué es lo que había que hacer con las víctimas del franquismo», según su presidente, Enrique Gómez.