El millonario fraude de chatarra ocurrido en las instalaciones de Arcelor Mittal, destapado por la Brigada de Robos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ante las sospechas de la propia empresa, ya tiene culpables. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a dos años de prisión a los empresarios Salvador Cebollada Cesar (Reciclarte) y José María García Cañete (Reciclados y Demoliciones San Juan) por formar una trama junto a tres clasificadores de materiales (a los que también se les ha impuesto dos años de cárcel), Francisco Javier Beltrán Martín, José Luis Olivera Pérez y Juan Carlos Amaya, que se dedicaba a mezclar chatarra con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje superior al normalizado de cara a que Arcelor Mittal abonara por la mercancía un dinero que no era el real.

A cambio de esta maniobra, señalan los magistrados en la sentencia, los clasificadores percibían de las empresas chatarreras «cantidades periódicas de dinero que oscilaban entre 2.000 y 6.000 euros». Una dádiva que se les entregaba «Salvador Cebollada de parte de Reciclarte y cuando provenía de Reciclados y Demoliciones San Juan por orden de José María Cañete, por medio de Félix Moreno Lapeña (condenado a nueve meses de prisión por cómplice en la estafa), encargado de los camiones de la empresa».

Junto a estos acusados en el banquillo también se sentaron el dueño de otra empresa, una secretaria y gruistas que fueron defendidos por los abogados José Luis Melguizo, Cristina Ruiz-Galbe, Francisco Ferrer y Patricia Oliveros, entre otros, y a quienes el tribunal los ha absuelto. Los jueces destacan que «no hay pruebas» que de muestren que dichos palistas participasen en las maniobras fraudulentas descritas ni tuviesen conocimiento de las mismas. Con respecto al empresario afirman que «no se ha acreditado que se suministrase chatarra con exceso de estériles en connivencia con los clasificadores ni tampoco que se lucrase ilícita e intencionadamente». Los condenados deberán indemnizar a Arcelor con casi 800.000 euros. El fallo puede recurrirse.