Los colectivos representados en la Plataforma de Enfermería presentaron ayer alegaciones ante el proyecto del decreto que aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de su profesión, una normativa que consideran "ilógica" e "injusta" y ante la que no descartan "una serie de movilizaciones que podrían desembocar en una huelga, si la DGA no retira el proyecto". Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguraron ayer no entender estas afirmaciones, "ya que este reglamento está en periodo de alegaciones y el Gobierno está dispuesto a cambiar lo que sea necesario".

El desacuerdo es unánime entre los distintos colectivos que forman la Plataforma de Enfermería que son los tres colegios de diplomados de Aragón, las tres escuelas de la comunidad, la Asociación de Matronas, la de Profesionales de Enfermería y el sindicato SATSE. Todos ellos celebraron ayer una reunión de urgencia para firmar un comunicado con el que querían dejar patente su opinión al respecto del proyecto de decreto que, según dicen, "cuenta con numerosas contradicciones e incluso errores, deja vacías de contenido las direcciones de enfermería" y resta "capacidad de decisión, autonomía y peso a los profesionales" de este sector.

La portavoz de la plataforma, Pilar Navaz, mostró ayer su sorpresa "por la publicación, el 2 de agosto, del proyecto con el que la DGA llevaba mucho tiempo". "No ha habido diálogo, por lo que solicitamos urgentemente una reunión con la consejera y el gerente de Salud", aseguró Navaz.

Según el comunicado, el proyecto de decreto "aumenta considerablemente el número de cargos, en su mayoría médicos, es menos participativo --al eliminar las comisiones de participación hospitalaria y de bienestar social-- y concentra todas las decisiones en manos de los médicos".

Los profesionales denuncian que la normativa "no respeta tres normas jurídicas aprobadas recientemente, como son la Ley General de Sanidad, el Estatuto Marco y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias".

La plataforma espera "que se paralice el decreto, sobre todo, pensando en los ciudadanos". Los colectivos representados en este grupo presentaron ayer alegaciones al decreto que dada la premura de tiempo --el plazo termina el 9 de septiembre-- tuvieron que realizar por separado.