La paralización del trasvase provocó que Aragón retirara los recursos contra esta transferencia. Sin embargo, la DGA todavía mantiene algunos pleitos pendientes. Madrid elevó al Alto Tribunal la reforma legal aragonesa que pretende que cualquier plan nacional que afecte al territorio de la comunidad sea informado previamente por la DGA. El Estado considera esta modificación una injerencia en sus competencias, pero pasarán años hasta que se conozca la opinión del TC.
