El Gobierno deberá devolver su patrimonio a las familias de los tres puesblos del Sobrarbe -Jánovas, Lavelilla y Lacort- expropiados entre 1960 y 1985, para hacer un embalse que nunca se llegó a construir, tras recibir declaración de impacto negativa en el 2001, e impulsar medidas para recuperarlos.
Al menos así lo instó ayer la comisión de Medio Ambiente, que aprobó por 22 votos a favor y 15 abstenciones (fundamentalmente del PP) una iniciativa de Podemos, transaccionada por el PSOE, para que las personas obligadas a dejar sus hogares y sus tierras o sus herederos, recuperen lo que se les arrebató «a la fuerza».
El diputado de la formación morada por Zaragoza, Pedro Arrojo, recordó cómo los últimos habitantes de estos pueblos, concretamente de Jánovas, se vieron «obligados» a dejar sus casas, tierras y costumbres a base de que les llegaran a ser «dinamitadas» para construir un pantano en el río Ara «que nunca debió proyectarse por el desastre ambiental que suponía y nunca se construyó».
Arrojo recordó la «brutalidad» con la que fueron expulsados mayores o niños, sin dejarles siquiera recoger cosechas plantadas, para permitir este proyecto «que tenía por objetivo llevar agua a otros territorios y permitir a Iberduero levantar una central hidroeléctrica».
Patrimonio
Cuando se canceló el pantano en el 2012, la citada empresa había vendido los derechos a Endesa, que fue indemnizada con 12 millones más intereses, mientras «los afectados siguen sin ver revertido su patrimonio ni ejecutado el plan de desarrollo sostenible comprometido para el valle del Ara, el único río salvaje del Pirineo», defendió.
El texto acordado por Podemos y PSOE exige al Gobierno que «reconozca la reversión de los patrimonios, así como el menoscabo causado, al no tratarse de ventas voluntarias sino forzadas por Iberduero para construir la presa». Igualmente piden que se superen los obstáculos administrativos que impiden la reversión (en el catastro o en el dominio hidráulico) y que el Ejecutivo apruebe medidas para el entorno de Jánovas, que, además de las infraestructuras necesarias para restituir la zona afectada por el embalse, contemplen soluciones participadas por la población para volverlos a poblar.
En el debate, la comisión también consideró necesario exigir a la empresa heredera de los derechos de los expropiadores (Endesa) financiar inversiones como la electrificación en la zona en compensación por el daño causado a estos municipios a los que tímidamente vuelve la vida.
