El Congreso de los Diputados inicia su primer pleno del año con el debate del real decreto que actualiza la Ley del Catastro y que implicará que los vecinos de Teruel, Huesca, Valencia, Logroño, Huelva, Cádiz y Badajoz vean incrementado el recibo de Bienes Inmuebles (IBI). La actualización de esta norma afecta a 1.830 municipios y hará que la cantidad que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto de IBI suba este año en 1.296 municipios y baje en 534 localidades.

El Ejecutivo ha actualizado los coeficientes sobre los que se ajusta la valoración de los bienes y que en algunos municipios no se había hecho desde los años ochenta, lo que implica una modificación de la base imponible sobre la que se aplica el IBI. Estos coeficientes varían dependiendo de los años en los que se hicieron las últimas revisiones del catastro y entre los municipios que lo revisan al alza figuran Teruel y Huesca, entre otros.

Por el contrario, 534 municipios que actualizaron por última vez el catastro entre el 2005 y el 2012, en plena burbuja inmobiliaria y verán reducido el valor de los inmuebles. El Ejecutivo argumenta que esta revisión es necesaria dado que contribuye a «reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales».

Otra de las medidas que contempla el mismo real decreto y que también será convalidada es la prórroga para el 2018 de los límites por los que los autónomos pueden tributar por el sistema de módulos: hasta 250.000 euros de facturación y 125.000 euros de ventas a otras empresas.

Además de la previsible convalidación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 736,01 euros y que llegará a los 850 euros en el 2020, una subida que está condicionada a que la economía crezca más del 2,5% y se creen 450.000 empleos cada año.