El Congreso inicia su primer pleno del año con el debate del real decreto que actualiza la Ley del Catastro y que implicará que los vecinos de Valencia, Teruel, Logroño, Huesca, Huelva, Cádiz y Badajoz vean incrementado el recibo de Bienes Inmuebles (IBI).
El primer pleno de 2018 comienza el martes con los debates de dos reales decretos económicos aprobados el 29 de diciembre: el que prorroga y aprueba diversas medidas tributarias y otras urgentes en materia social, y el relativo a la trasposición de la directiva europea MiFID II en materia del mercado de valores.
La actualización de la Ley del Catastro afecta a 1.830 municipios y hará que la cantidad que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto de IBI suba este año en 1.296 municipios y baje en 534 localidades.
El Ejecutivo ha actualizado los coeficientes sobre los que se ajusta la valoración de los bienes y que en algunos municipios no se había hecho desde los años ochenta, lo que implica una modificación de la base imponible sobre la que se aplica el IBI.
Estos coeficientes varían dependiendo de los años en los que se hicieron las últimas revisiones del catastro y entre los municipios que lo revisan al alza figuran Valencia, Teruel, Logroño, Huesca, Huelva, Cádiz y Badajoz.
Por el contrario, 534 municipios que actualizaron por última vez el catastro entre 2005 y 2012, en plena burbuja inmobiliaria y verán reducido el valor de los inmuebles.
El Ejecutivo argumenta que esta revisión es necesaria dado que contribuye a "reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales".
Otra de las medidas que contempla el mismo real decreto y que también será convalidada es la prórroga para 2018 de los límites por los que los autónomos pueden tributar por el sistema de módulos: hasta 250.000 euros de facturación y 125.000 euros de ventas a otras empresas.
Además de la previsible convalidación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 736,01 euros en 2018 y que llegará a los 850 euros mensuales en 2020, una subida que está condicionada a que la economía crezca más del 2,5 % y se creen 450.000 empleos cada año.
Asimismo, el Pleno del Congreso convalidará el real decreto que adapta parte de la directiva MiFID II relativa al funcionamiento de los mercados de instrumentos financieros y cuyo objetivo es dar la certidumbre necesaria a los intermediarios para no trasladar sus operaciones fuera de España.
El pleno de la próxima semana abordará, además, una proposición no de ley del grupo socialista que insta al Gobierno a impulsar un plan contra la explotación laboral para que se garantice las horas de trabajo contratadas respetando los límites legales y para simplificar la regulación de los contratos a tiempo parcial.
Otra de los reclamos es suprimir temporalmente, hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15 %, la posibilidad de compensación de las horas extraordinarias por descansos en los cuatro meses siguientes a su realización.
