El Congreso ha dado su visto bueno a las enmiendas del Senado sobre el proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que queda así aprobado definitivamente y que obligará a las comunidades a informar al Gobierno de sus convenios internacionales no normativos, aspecto criticado por la oposición.

Las enmiendas del Senado, la mayoría de mejora técnica, han contado con el voto a favor de PP, PSOE y CiU, aunque estos dos últimos partidos al igual que la Izquierda Plural y el PNV han manifestado su oposición al conjunto del proyecto que hoy sale aprobado porque -en su opinión- parte de la "desconfianza" hacia las Comunidades Autónomas y el Parlamento.

Críticas que ha respondido la diputada del PP María Aranzazu Miguélez que ha defendido que hacía falta una ley que estableciera el marco jurídico que pusiera fin a la dispersión actual o a las disfunciones que pueden poner en peligro el papel internacional del país.

Ha recordado que la ley prevé que las autonomías podrán participar en el proceso de celebración de tratados que les afecten y celebrar acuerdos administrativos y no normativos, que tendrán el derecho a ser informadas de tratados que afecten a sus competencias, a proponer al Gobierno convenios sobre materias de interés y a solicitar su participación en la delegación que negociará un tratado.

Según Miguélez, esta ley dota de los instrumentos jurídicos adecuados para articular la relación con otros Estados y organismos internacionales "con seriedad y responsabilidad", y en el ánimo del Gobierno ha estado siempre su intención de consenso, como demuestra la aceptación de 80 de las 300 enmiendas presentadas en el Congreso y el Senado por la oposición.

Desde el PSOE, el diputado Alex Sáez ha apoyado las enmiendas del Senado por ser "correcciones técnicas", pero ha dejado claro que el Gobierno "ha perdido la oportunidad" de aprobar una norma moderna y flexible y ha "impuesto" una nueva legislación sin consenso suficiente y en la que no se garantiza el control del Parlamento en la suspensión de los tratados internacionales.

A su juicio, tanto esta ley como la de Acción Exterior parten de una "enorme desconfianza institucional" hacia el Parlamento y las autonomías que, al igual que universidades, deberán informar de acuerdos no normativos que son "declaraciones de intenciones" que quedarán "sometidos al control interno del Ministerio de Exteriores".

Una crítica que ha compartido CiU, a través de Jordi Xuclà, que aunque también ha apoyado las enmiendas técnicas del Senado, ha lamentado la "extrema desconfianza" del Estado hacía las comunidades, como demuestra la "obligación de informar al Ministerio de Exteriores y Cooperación, y -ahora también- 'de Asuntos para Cataluña'", ha ironizado.

Xuclá ha recordado que la Constitución y el Tribunal Constitucional reconoce esa competencia a las autonomías y que con esta norma se da otro paso de "recentralización".

Por el PNV -que ha votado en contra-, Aitor Estaban ha señalado que le "ha dado la vuelta" a aspectos que creían bien asentados por la jurisprudencia constitucional y "no es aceptable" que se quiera "fiscalizar" la acción exterior de las autonomías y sus convenios internacionales no normativos.

No obstante, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la reivindicación del PNV gracias a la que se ha reconocido que se contemple el "ámbito foral" en las relaciones internacionales y que representantes del País Vasco y Navarra puedan participar en los tratados que sean de su interés.

También Joan Josep Nuet, de Izquierda Plural, ha criticado que además de que se sigue desconfiando del papel del Parlamento y de las comunidades, también se ha resuelto mal el "encaje representativo" del Rey como figura que negocia y firma tratados internacionales en nombre de España.