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INICIATIVA DE UNIDOS PODEMOS

El Congreso rechaza la moción que cuestiona la seguridad del recrecimiento de Yesa

La moción, defendida hoy en el pleno del Congreso por el diputado de Unidos Podemos Eduardo Santos Itoiz, pone de relieve el sobrecoste de la obra respeto al presupuesto inicial (se adjudicó en el año 2000 por 113 millones de euros y el coste final podría rondar los 442 millones)

 

Embalse de Yesa. - EL PERIÓDICO

EFE
11/09/2018

El Congreso de los Diputados ha rechazado hoy una moción de Unidos Podemos que cuestionaba la seguridad del recrecimiento la presa de Yesa y apostaba por la realización de nuevos estudios antes de culminar las obras.

La moción, defendida hoy en el pleno del Congreso por el diputado de Unidos Podemos Eduardo Santos Itoiz, pone de relieve el sobrecoste de la obra respeto al presupuesto inicial (se adjudicó en el año 2000 por 113 millones de euros y el coste final podría rondar los 442 millones).

La iniciativa ha sido rechazada por los grupos parlamentarios del PP, el PSOE y Ciudadanos.

El "desmedido desajuste presupuestario" de esta obra radica, según Unidos Podemos, en los graves problemas geotécnicos derivados de la existencia de una falla activa en una zona con notable sismicidad y los graves problemas de inestabilidad de las laderas en las que se apoya la presa y su recrecimiento.

Esos problemas ponen en riesgo la seguridad de la actual presa y sobre todo de su recrecimiento si se llenara a la máxima capacidad, según este grupo, que ha advertido del peligro que eso supondría "para la vida de miles de personas de Sangüesa y municipios aguas abajo".

Unidos Podemos ha criticado que ni los deslizamientos que se han producido, ni la creciente alarma ciudadana, ni las demandas de varios ayuntamientos, el Parlamento o el Gobierno de Navarra, ni los "crecientes y desmedidos" costes de la obra hayan justificado que se reconsidere esta infraestructura.

Según Unidos Podemos, el recrecimiento de Yesa sería "ilegal" en países como Estados Unidos, Portugal e Italia, y ha lamentado que la legislación española ni incluya el llamado "factor de seguridad" a la hora de construir grandes infraestructuras hidráulicas como esta.

Ante esta situación, la moción de Unidos Podemos planteaba abrir un proceso de diálogo sobre el recrecimiento y la futura gestión de la infraestructura y crear una Comisión en la que participaran el Ministerio para la Transición Ecológica, los Gobiernos de Aragón y Navarra, los ayuntamientos implicados y las comunidades de regantes de Bardenas.

Planteaba además que un equipo de expertos estudiara los problemas geotécnicos de la presa y ofreciera recomendaciones, y que se paralicen las obras que están en marcha en torno a la localidad de Sigües hasta conocer si es necesario alcanzar una cota de llenado tan alta.

La moción plantea también al Gobierno la necesidad de reformar la legislación vigente en materia de seguridad de presas y establecer un "factor de seguridad" que tenga en cuenta los posibles riesgos de deslizamientos de laderas y taludes, con el fin de que España se ponga al nivel de países como Estados Unidos, Italia o Portugal en esa materia.

Eduardo Santos Itoiz se ha referido a esta obra como un exponente del modelo de cultura del agua que imperaba en el franquismo y ha asegurado que se trata de una infraestructura "impuesta y sin consenso" que en caso de accidente tendría consecuencias "dramáticas e imprevisibles".

El diputado socialista Rafael Simancas ha recordado que se trata de una obra de interés general que se ha ejecutado "desde el diálogo y la transparencia" y ha insistido en que cuenta con los informes que avalan su seguridad.

Simancas ha defendido la utilidad de esta infraestructura para contrarrestar los periodos de sequía que sufren algunas regiones y para paliar los daños que causan las crecidas de los ríos en esa zona, y ha calificado de "incierto e irresponsable" apuntar que el recrecimiento de la presa pone en peligro a miles de personas.

Para el diputado popular Eloy Suárez se trata de una obra ya casi finalizada cuya seguridad está avalada por expertos y catedráticos y ha acusado al grupo proponente de intentar "enfrentar territorios" con esta iniciativa, y Miguel Ángel Garaulet (Ciudadanos) ha defendido los beneficios sociales que llevará a la zona.

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Suplemento especial del 3 de junio de 2018 con motivo del número 10.000 de El Periódico de Aragón.