La reforma de la Ley del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) tiene las horas contadas en caso de que PSOE, IU, CHA, Podemos y UPD dispongan de mayoría suficiente en las Cortes la próxima legislatura. Porque todas esas formaciones se han comprometido a derogarla en caso de aprobarse en el último pleno de la legislatura, previsto para el próximo día 25.

Así lo han aprobado en un documento conjunto que se rubricará en los próximos días y que nace como consecuencia de la mesa redonda que se celebró el pasado 11 de marzo en el centro Joaquín Roncal a iniciativa de la Plataforma de Entidades contra el Funcionamiento y Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés de Inserción, integrada por Cáritas, el Espacio de Derechos Sociales, el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón y la Plataforma de Profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza.

En esa declaración, los partidos políticos consideran que el proyecto, sustentado por PP y PAR, "supone un importante retroceso en las políticas sociales de nuestra comunidad" y advierten que, "como venimos denunciando desde hace tiempo, este proyecto no solo no da respuesta a la realidad social actual, sino que empeora muchos aspectos de la anterior normativa, al dificultar el acceso es esta prestación y dejar fuera a un gran número de personas y familias".

Los grupos creen "un contrasentido" aprobar el proyecto "en un contexto socioeconómico como el actual, en el que el desempleo se ha convertido en una situación estructural, con un número creciente de ciudadanos que llevan más de dos años en esta situación y un fuerte incremento de hogares en los que se carece de cualquier ingreso".

MÁS POBREZA

Por ello, alertan de que todo ello "está produciendo una situación en el que los índices de desigualdad, pobreza y exclusión social experimentan un importante aumento".

Para las formaciones que han aprobado el documento, "no se considera esta prestación como un derecho subjetivo de la ciudadanía sino como una prestación condicionada a la disponibilidad presupuestaria hoy por hoy claramente insuficiente para atender las necesidades existentes" y añaden que muchas de las medidas que se plantean en el proyecto "afianzan aún más la carrera de obstáculos en la que se ha convertido esta prestación, alargando plazos administrativos y aumentando los controles, criminalizando a las personas perceptoras, excluyendo a los jóvenes, a las personas inmigrantes, a las mujeres solas con hijos y a los parados que cobran algún subsidio".

Otro de los aspectos incluidos en la reforma de la ley que cuenta con el rechazo de estos partidos es que la percepción se reciba durante un periodo máximo de tres años, aun cuando el titular cumpla todos los requisitos y haya realizado lo indicado en los acuerdos de inserción. "Ello implicará dejar en desamparo a numerosas personas cuya situación se cronificará gravemente", inciden.

Por todo ello, los partidos políticos subrayan su compromiso, "en sintonía con el gran número de entidades y colectivos que se han manifiestado en contra de este proyecto" a llevar a cabo "las acciones necesarias para derogar esta Ley en el caso de contar con la mayoría parlamentaria suficiente en las Cortes de Aragón la próxima legislatura".

La plataforma de afectados acumula un año exigiendo una dotación presupuestaria "suficiente", un incremento de la dotación de recursos humanos sobre todo en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para una "adecuada" ejecución de la prestación y una mejor coordinación entre profesionales y resto de agentes o entidades implicadas.

El Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Servicios Sociales considera que la reforma del IAI dejará a más de 5.000 familias aragonesas "en una situación de miseria absoluta".