Los colectivos que trabajan con las familias okupas de Zaragoza insisten en que actúan así por necesidad. Y piden que se aumente el número de viviendas sociales para poder realojar con alquileres asumibles a las personas que se ven obligadas a usurpar inmuebles para poder vivir bajo un techo. Dos incendios declarados este mes en casas en las que solían alojarse personas sin recursos han provocado cierta alarma social que tratan de enfriar. «Son hechos puntuales», indican desde la Asociación de Promoción Gitana.
«La vivienda social no cubre las necesidades reales de la población, por eso se producen estas situaciones», explica la abogada especializada en usurpaciones, Ana Sebastián. Por este motivo considera que una familia está «legitimada» a acceder a una propiedad, algo que no es de forma automática un delito penal si no concurren una serie de condiciones como el uso de la fuerza para entrar en la casa o la voluntad expresa de los propietarios de proceder a un desalojo.
En la ciudad no existen cifras oficiales sobre el número de familias que están okupando en la actualidad. El Ayuntamiento de Zaragoza intenta evitar estas situaciones siguiendo su plan contra el chabolismo vertical, pero la falta de medios y ayudas complica mucho la situación. Pasa lo mismo con los servicios sociales del Gobierno de Aragón. «La especulación inmobiliaria ha convertido en un producto lo que antes era un derecho», lamenta Sebastián.
Según la experiencia que ha acumulado en los últimos años, la voluntad de las familias siempre es la de negociar una solución con los propietarios. «Un okupa no es ilegal hasta que los dueños de la propiedad inician los trámites», señala. Y pone como ejemplo el hecho de que el Código Civil permita que un inmueble o terreno cambie de manos después de que haya pasado un cierto número de años de uso continuado.
La Asociación de Promoción Gitana de la comunidad está mediando en la actualidad en medio centenar de casos, concentrados en los barrios del Oliver, Las Fuentes y el Actur. «Nosotros no queremos favorecer la usurpación, pero es necesario que se invierta más en vivienda social», señala el portavoz de la agrupación, Noé Bautista.
Aunque reconocen que en ocasiones se pueden encontrar con «pillos» que se aprovechan de la situación, señala que por regla general las familias que optan por entrar en casas que no son suyas lo hacen por «verdadera necesidad». Por eso les piden a los poderes públicos que negocien con los bancos, que son los principales propietarios de viviendas, mejores condiciones para los alquileres sociales.
En los últimos meses la plataforma Stop Desahucios ha detectado que ha cambiado el perfil de los okupas, aumentando el número de casos de impagos de alquiler. A efectos legales, si los propietarios del inmueble presentan denuncia, el resultado es el mismo.
