Pocas sorpresas podía haber, y pocas hubo, entre los testimonios escuchados ayer en la tercera jornada del juicio con jurado por el caso karts de Plaza: los antiguos miembros del consejo de administración coincidieron en que los 6,3 millones pagados por los terrenos eran adecuados, teniendo en cuenta que el precio por metro cuadrado estaba «en la horquilla» de otras parcelas con negocios. Más aún cuando ya sabían que iban a sacar un gran rendimiento al incluir el terreno en el proyecto de Plaza Imperial.
A lo largo de la mañana desfiló por la Audiencia Provincial de Zaragoza la «gente solvente» que integraba el consejo entre el 2003 y el 2004, como la definió anteayer el expresidente del órgano, Javier Velasco. Entre otros, el exconsejero de Economía de la DGA, Eduardo Bandrés, su homólogo de Medio Ambiente, Alfredo Boné o el exconcejal y director de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza, Ricardo Cavero.
Varios de ellos coincidieron en que se habían «estudiado» las actas de aquellas fechas para poder comparecer ayer como testigos de la defensa. Tenían por ello bastante buena de la «buena información» recibida sobre este proyecto, o sobre las explicaciones de que los precios eran adecuados «al contexto» de otros terrenos. También coincidieron en que Plaza es una sociedad anónima y en que García Becerril y Escó se llevaban mal. Para las preguntas de las acusaciones, la memoria renqueaba algo más, o no habían podido consultar la documentación precisa.
Todas estas cuestiones son clave para desmontar los delitos de malversación y cohecho por los que el exgerente de la plataforma, Ricardo García Becerril, y el exconsejero delegado Carlos Escó se enfrentan a 10 años de cárcel, para la Fiscalía. Sin sociedad pública no habría dinero público, y si él no hay malversación; y sin buena relación, difícilmente hay compadreo para inflar el precio y repartirse la mordida del 10% que el dueño de los terrenos, el también imputado Santiago Becerril, afirma que pagó al exgerente.
SIN PREACUERDO
En la misma línea exculpatoria, el abogado asesor de Plaza, Manuel García-Figueras, negó ayer que alcanzara el preacuerdo de 4,5 millones, luego roto, con el abogado de Becerril, Rafael Alcázar. Pese a que este lo contó anteayer mismo.
Tampoco les fue mal a las defensas con la declaración del perito judicial, que vino a admitir, no sin retiencias, que trabajó exclusivamente con los datos que le dieron en el juzgado y en la Policía. Para calcular que el karting valía 2,3 millones usó la referencia de dos terrenos con negocios que, en la documentación que tenía, fueron mucho más baratos. Pero faltaba incluir parte de lo que realmente pagó Plaza, por lucro cesante; su informe quedó así bastante tocado como indicio del precio abultado.
