El consejo de administración de Plaza entre los años 2008 y 2009 comienza hoy a desfilar ante el juez Alfonso Tello, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, para explicar su papel --o su falta de él-- en la adjudicación de dos contratos bajo sospecha a la UTE Plaza, el de los terrenos del apartadero ferroviario y el de la zona de futuros crecimientos, por un importe total que superó los 15 millones de euros. La polémica imputación llega suavizada por la marcha atrás del Tribunal de Cuentas, que recibió, aunque tarde, la documentación justificativa de las adjudicaciones exprés, y dio por aclarado el asunto. Pero esta aclaración, aunque significativa, no es definitiva para la causa penal.
De hecho, algo similar sucedió en otro de los procesos penales derivados de las obras de Plaza, el caso PDL, que está sobre la mesa de la Fiscalía al haber considerado el Tribunal de Cuentas y la DGA, presunta perjudicada, que las irregularidades estaban aclaradas y que no había perjuicio económico en la construcción de las naves de Caladero. Pero el ministerio público, que haya trascendido, aún no se ha pronunciado sobre el archivo del caso.
IMPUTADOS Antes de que se conociese el archivo de las diligencias del Tribunal de Cuentas sobre el caso apartadero, el juez Tello había imputado a todo el consejo de administración, para que le explicase por qué había dado su aprobación a dos contratos que luego resultaron sospechosos. El magistrado consideraba, a priori, que los consejeros pudieron haber preguntado dudas, o pospuesto la decisión sobre la adjudicación para tener tiempo de estudiar la documentación, si la hubiesen pedido. En definitiva, que pudieron "hacer más" de lo que hicieron.
Estas reuniones de aprobación, que ya explicaron los consejeros, pero como testigos, ante el juez Francisco Picazo en el caso pagarés, no se caracterizaban, por lo entonces expuesto, por ser prolijas en detalles sobre los contratos, apenas un power point con grandes cifras. Los asuntos se dejaban en manos de los gestores de la plataforma logística, como el exgerente, Ricardo García Becerril, imputado en tres casos Plaza, como el exconsejero delegado Carlos Escó.
Este declara hoy junto al exconsejero de Economía y Hacienda de la DGA, Alberto Larraz, la exconsejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, María Teresa Verde y el consejero delegado de Zaragoza Alta Velocidad, José Luis Abad. A diferencia de en su paso por el Juzgado de Instrucción número 5 en el caso pagarés, comparecerán asistidos de letrado, en su calidad de imputados.
También estarán presentes los abogados de los tres consejeros que, por su condición de aforados, no pudieron ser encartados por el juz Tello: el consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono y los diputados autonómicos Alfredo Boné y Alfonso Vicente. Si, pese al archivo del Tribunal de Cuentas, el juez continuase viendo indicios de prevaricación en las operaciones, debería remitir las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de Aragón para que se hiciese cargo de la causa, no solo respecto a los tres aforados sino a todo el consejo y a García Becerril, imputado desde un principio.
Según fuentes consultadas, no es descartable que el juez Tello continúe adelante con la causa. Aunque el Gobierno de Aragón remitiese finalmente un escueto informe que justificaba la rápida adjudicación de los contratos, dos años después, al magistrado puede no convencerle la actuación. Se trata del mismo juzgado que instruye las diligencias de la operación Minas, donde la celeridad administrativa, entre otras presuntas irregularidades, también fue sospechosa para los tribunales.
