La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia han firmado una declaración institucional en la que demandan a los poderes públicos un "apoyo explícito" a su labor desarrollada y un "compromiso decidido en la implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia".

En esta red están representados las autoridades de control estatal, de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, de Murcia, de Valencia, de Aragón, de Canarias, de Navarra, de Islas Baleares, de Castilla-León y del Área Metropolitana de Barcelona, tal y como señala en un comunicado la organización del III Congreso Internacional de Transparencia, que se está celebrando en Cádiz.

En la declaración, que ha sido rubricada por las autoridades de control en el marco de la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber, se reclama una reforma integral que ahonde, profundice y mejore las garantías que el derecho de acceso y la transparencia han supuesto hasta la fecha en España, tanto en el ámbito estatal, autonómico y local.

Entre las reformas destacan consagrar el derecho de acceso como un derecho fundamental, la dotación de medios económicos y humanos suficientes, el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora en el procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, la unión de los regímenes de acceso en la medida de lo posible y el desarrollo de una gestión documental y de archivos moderna.

Los firmantes consideran necesario un "cambio en los ejes de la acción política" proporcionando mayor implicación a los ciudadanos, toda vez que el actual Estado de Derecho reclama "claridad y la certeza de confiar en la gestión de los fondos públicos", siendo una de las "piezas clave" de este nuevo gobierno los órganos de garantía independientes, a los que avalan más de 7.000 resoluciones dictadas hasta el momento.

Igualmente, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia ha analizado la situación de estos órganos, que se enfrentan a "importantes obstáculos y retos" y uno de los principales es la "falta de recursos económicos, materiales y personales".

Añade también "la debilidad de las administraciones y organismos públicos de menor tamaño y reducida estructura, y la persistencia en las estructuras y entidades públicas de algunos sectores, resistentes al cambio y que lastran el impulso y el cambio de paradigma que supone la instalación de la transparencia en el proceso público".

Por lo que respecta a la escasez de recursos, piden a las administraciones que reasignen los recursos de los que disponen para asumir con eficacia sus obligaciones en este ámbito.

Igualmente, alerta de que tener órganos de control "débiles o infradotados perjudica la calidad y efectividad de los derechos de la ciudadanía", por lo que es "necesario y urgente" que se garantice la viabilidad y eficacia de estas instituciones.

Los órganos han advertido del "cambio de paradigma" que está teniendo lugar en la gestión pública y en las formas de comprender el servicio público, así como en la relación entre la ciudadanía y las instituciones.