El Ayuntamiento de Zaragoza creará un grupo de trabajo con presencia de todos los partidos políticos con el objetivo de analizar la actual normativa sobre zonas saturadas. Así lo anunció ayer el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Gaspar, justo el mismo día en que la Asociación de Cafés y Bares hizo público que se está planteando la posibilidad de emprender acciones legales contra el consistorio a raíz de la última oleada de sanciones y cierres de locales: 39 en tres meses.
La voluntad de Gaspar es constituir "de forma inmediata" la parte técnica del equipo de trabajo y para que después los distintos grupos municipales elijan a su representante en el mismo. El objetivo es empezar a trabajar cuanto antes para analizar la actual normativa a través de los correspondientes informes técnicos y consultas con los colectivos afectados y llegar "a una conclusión que suponga la modificación de la ordenanza en un sentido u otro", aunque señaló que "todavía es pronto para adelantar resultados".
El teniente de alcalde de Urbanismo se mostró muy interesado en abordar esta "problemática" ya que, a su juicio, existen "situaciones muy distintas a las que hay que dar respuesta". Así, indicó que hay demandas de asociaciones vecinales para ampliar la delimitación de algunas zonas saturadas, mientras que hay otras que podrían desaparecer y de otras se podrían sacar algunas categorías de bares". "Se trata de tomar una decisión que permita compaginar los intereses de todas las partes, cosa que es verdaderamente difícil", concluyó Gaspar.
Casi al mismo tiempo que Gaspar hacía su anuncio, la junta directiva de la Asociación de Cafés y Bares mostraba su total "desacuerdo" con la forma de proceder del consistorio en los últimos meses que ha llevado a tener en la actualidad más de 40 expedientes abiertos contra establecimientos de la capital. Un hecho que el gerente de la asociación, Jorge Vernués, atribuyó a la "aplicación indiscriminada y desproporcionada" de la actual normativa.
Además, pese a la existencia de una ordenanza sobre ruidos y otra sobre distancias mínimas, los empresarios criticaron que la mayor parte de sanciones a bares se imponen en base a la Ley de Seguridad Ciudadana. Un hecho que según el abogado de la asociación, Francisco Javier Hernández, podría suponer "un delito de prevaricación", ya que una sentencia reciente del Tribunal Constitucional establece "que no se pueden imponer sanciones en materia de ruidos al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana".
Por ello, Fernández anunció que la asociación se está planteando interponer "una querella por prevaricación". Mientras, la Dirección General de Interior continua trabajando en la elaboración de un proyecto de ley de Espectáculos que afectaría a los horarios de los establecimientos públicos. En la actualidad, una ponencia técnica está elaborando un borrador del proyecto que podría ver la luz en el mes de julio.
