La Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ayer el primer Plan de Atención para personas sin hogar, compuesto por 69 medidas que tratan de asegurar el derecho de toda la ciudadanía a una alternativa habitacional.
La iniciativa, que deberá ser aprobada por el pleno, es fruto de «un proceso de trabajo sistematizado, mediante el uso de diversas herramientas metodológicas y participación, con el objetivo de alcanzar el máximo nivel de consenso entre las entidades implicadas en la atención a las personas sin hogar», según informó el consistorio.
Para su elaboración se ha contado con la experiencia de la Coordinadora para personas sin hogar, técnicos municipales y con la aportación de las personas usuarias del albergue municipal.
Según explicó la consejera municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto, con este plan se quiere poner de manifiesto el «cambio de paradigma» en la planificación en servicios sociales, pasando de proyectos basados en las infraestructuras y equipamientos a estrategias «centradas en las personas».
El plan cuenta con 69 medidas que se enmarcan en seis líneas de acción: prevenir, sensibilizar y generar conocimiento; coordinación y trabajo compartido en red; la vivienda como derecho; adecuar alojamientos y dignificar estancias y procesos desde una perspectiva de cuidados; empoderar para restaurar proyectos vitales e incorporar la perspectiva de género.
Entre las estrategias detalladas por el consistorio en los diversos bloques están, por ejemplo, el factor preventivo, reforzando los servicios sociales comunitarios para evitar en lo posible las situaciones de pérdida de la vivienda.
En cuanto a la coordinación de medidas, el consistorio quiere ahondar en la labor que ya realiza la Coordinadora para personas sin hogar, creando bases de datos y herramientas para que los profesionales sepan cuántas plazas y recursos tienen disponibles en cada momento.
Otra línea de trabajo es aumentar los módulos familiares y viviendas tuteladas, para garantizar una mayor intimidad y autonomía de las familias que en los centros masificados de acogida.
Además, se intentará adecuar los espacios de acogida a los distintos perfiles de usuarios, como los que tengan problemas de salud mental, discapacidad o enfermedad crónica, fomentando también su empleabilidad.
En la misma línea, se crearán equipos de especialistas en cada una de estas líneas de actuación, con la perspectiva de que acompañen a la persona pero respeten y fomenten su autonomía.
En este ámbito también se aplicará la perspectiva de género, incorporando protocolos específicos contra la violencia machista.
