No hay fecha ni plazos, de momento, para que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón resuelvan cómo se va a materializar la pérdida de competencias del consistorio como consecuencia de la aplicación de la reforma local, uno de los nudos gordianos de la nueva ley que establece que son los Ejecutivos autonómicos los que deben asumir o en su defecto financiar buena parte de las políticas de acción social, educativas y un largo etcétera que hasta ahora ejercían ayuntamientos como el de la capital aragonesa. A pesar de la entrada en vigor de la norma, las conversaciones ni siquiera se han iniciado formalmente porque las reuniones previas "han sido suspendidas por parte del gobierno de Aragón", tal y como indicó ayer el vicealcalde Fernando Gimeno.

En los despachos del Pignatelli sí tienen ya el informe elaborado por los servicios municipales en los que se detallan las competencias que pueden ser delegadas o que son directamente impropias, además de su coste y de los empleos que dependen de ellas.

"La DGA tiene ya la documentación. La reunión técnica que se había convocado para marcar las citas siguientes se suspendió y por ahora no tenemos indicación nueva. Esta es la situación real en la que nos encontramos", indicó Gimeno, ayer en la Comisión de Presidencia y Economía. Por parte del Gobierno autonómico se aludió a motivos de agenda para la cancelación de la cita y también a que se está a la espera de que el Ministerio de Hacienda dicte instrucciones más precisas para la aplicación de la ley.

En el informe, el Ayuntamiento de Zaragoza reclama la asunción de las competencias --como las escuelas infantiles y artísticas, los servicios de teleasistencia o las casas de la Mujer y de Juventud-- y una financiación autonómica de 113 millones de euros para mantenerlas.

Según las circulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), si un ayuntamiento ejerce competencias que no le han sido atribuidas --como Zaragoza-- tendrá que justificar que tal ejercicio no pone en riesgo su sostenibilidad financiera y que no incurre en duplicidades. El primer punto deberá acreditarlo la entidad que lo financia, en este caso la DGA. Es decir, que el Gobierno popular de Luisa Fernanda Rudi tendrá que reconocer el buen estado de las finanzas de Zaragoza, el área más criticada por el grupo municipal del PP.