El Gobierno de Zaragoza decidió ayer iniciar los trámites para demandar a TUZSA, la empresa que gestionaba el transporte público en la ciudad hasta julio del 2013. Interpondrá un contencioso administrativo contra ella para que el juez reconozca, como aseguran los informes que obran en poder del ayuntamiento, que se produjo un enriquecimiento injusto por parte de la concesionaria entre los años 2009 y 2012, que se calcula ahora en 16,5 millones de euros. Así lo atestigua el estudio que se ha hecho, «factura a factura» de todas las certificaciones emitidas y en algunos casos reconocidas y pagadas desde enero del 2009 y que sustentan la «declaración de lesividad» que ahora solicitan al juzgado.
Después de que haya sido imposible con los que eran dueños de esta contrata ±y ahora lo son de la actual, Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ)±, la demanda se presentará en «mayo o junio» cuando los servicios jurídicos municipales tengan listo el contencioso, pero el análisis que hace el consistorio define claramente en qué basa el perjuicio que denuncia. Primero, que entre enero del 2009 y noviembre del 2012 (fecha de la última factura abonada) se le pagaron 173,17 millones de euros, cuando debía haber percibido 156,58. Segundo, que entre diciembre del 2012 y julio del 2013, todas las certificaciones impagadas suman un total de 21,68 millones de euros, y no 23,16 como reclama la concesionaria. Y tercero, que los 16 millones que cobró de más, menos los 21,68 que aún no se le han pagado dejan un saldo final de 5,09 millones a favor de la empresa. Una cantidad que el ayuntamiento estaría dispuesto a pagar si hubiera entendimiento, pero no lo hay.
MÁS DE 30 MILLONES
La concesionaria insiste en que se le deben más de 30 millones y ya interpuso dos requerimientos judiciales contra el consistorio el año pasado. Por eso la «necesidad de dar respuesta» desde el ayuntamiento. Ahora si el juez declara la lesividad del consistorio, se resolverá la demanda presentada por la concesionaria. Aunque el Gobierno municipal antes tiene que conseguir que la demanda que se desea tramitar sea aprobada en la próxima comisión de Economía y Hacienda, el lunes, y en el pleno del día 28.
Sin embargo, Gimeno también expuso que esta demanda no da por zanjada la liquidación de la contrata, que se negociará aparte. En ella se discutirá otra de las reclamaciones importantes que el Gobierno municipal había anunciado: los 20 millones de euros percibidos desde 1982 por los billetes gratuitos que la empresa ha entregado a su plantilla y sus familiares y que el consistorio ha sufragado. A pesar de que haría que la balanza se torciera a favor de las arcas municipales, le tendría que reclamar 15 millones a la antigua concesionaria. Ahora esta discusión se guarda para la liquidación, para la que no hay ni atisbo de fecha prevista ni una estimación de cómo puede zanjarse. Entre otras cosas porque aún no se ha analizado como se zanja el resultado sobre el patrimonio municipal que ha gestionado la empresa y que debe volver a manos municipales.
Para que el juez acepte la lesividad denunciada por el consistorio es clave que entienda, como su auditoría, que atendiendo a la Ley de Contratos la revisión de precios nunca debió superar el 85% de la subida del IPC ni incluir la variación en la mano de obra.
