El Ayuntamiento de Huesca se ha propuesto recuperar para uso social en la ciudad 36 antiguas viviendas militares que llevan vacías al menos desde el 2014 y que se encuentran en el barrio del Perpetuo Socorro.
«El municipio tiene necesidad de este tipo de alojamientos para dedicarlos a fines de tipo social», subrayó Fernando Justes, concejal de Vivienda y Participación Ciudadana, que recientemente participó en una reunión sobre este asunto con la delegada del Gobierno en Huesca, María Teresa Lacruz, y el subdelegado de Defensa, el coronel Rivera.
«Por un lado nos encontramos con que hay familias en estado de necesidad que no pueden pagar alquileres, y por otro, con viviendas desocupadas», explicó el concejal.
El objetivo del consistorio es llegar a algún tipo de acuerdo con la Administración titular de los pisos para conseguir una fórmula de cesión o cogestión de las viviendas militares.
La situación, afirmó Justes, es «preocupante», dado que los pisos militares han salido ya a subasta en tres ocasiones y no han encontrado comprador, lo que a largo plazo llevará a un deterioro del estado de los mismos. Su elevado precio, en torno a los cuatro millones de euros, explica la renuencia de empresas e instituciones potencialmente interesadas en la adquisición de ese impresionante parque de viviendas.
Se trata además de pisos amplios, de más de 100 metros cuadrados y con dos lavabos. No guardan una relación directa con el cuartel Sancho Ramírez, recientemente cerrado, pero al igual que este, son ya solo vestigios de la presencia de unidades militares en la capital oscense.
Lo ideal sería que el consistorio se hiciera con la propiedad de los citados pisos, pero, como señaló Fernando Justes, en estos momentos no dispone de recursos para llevar adelante esa iniciativa.
Se da además la circunstancia de que el barrio del Perpetuo Socorro presenta, en alguna de sus partes, una problemática social y de degradación de los edificios, levantados en parte en los años 60 y 70.
De hecho, se trata de una de las zonas urbanas españolas con menor precio por metro cuadrado construido, por debajo de los 400 euros.
Asimismo, sufre de una acusada falta de viviendas y su asociación de vecinos pugna para que se levanten pisos sociales en el solar de la antigua cárcel y que se mejoren los equipamientos.
