El escrito de la Fiscalía General del Estado sobre las medidas cautelares solicitadas por Apudepa para evitar el derribo de Averly ha dejado una "compleja" situación al Ayuntamiento de Zaragoza que ahora no sabe si debe proceder a conceder la licencia de demolición, como acto reglado que es este trámite administrativo, o atender la advertencia del fiscal sobre las consecuencias que podría tener hacerlo ante un recurso de casación que debe decidir si la cuantía de un millón de euros de caución impuesta es o no justa. Así que el consistorio "consultará al Supremo" sobre qué hacer.

Así lo indicó el responsable municipal de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, quien criticó que "se ponga el foco" sobre esa licencia y no sobre la catalogación de la DGA. Y que consideró "lícitos y legítimos" los intereses de Apudepa y de la promotora, Brial.