El Ayuntamiento de Zaragoza se enfrenta al pago de más de 53 millones de euros a la empresa que se encarga de la limpieza viaria en la ciudad, FCC. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) da la razón a la contrata en tres sentencias por las que reclama 16,9 millones en concepto de revisiones de precios entre el 2009 y el 2013. Desde FCC afirmaron que, siguiendo el criterio de la sentencia, reclamarán al ayuntamiento los ejercicios entre 2014 y 2018, lo que supondría otros 26 millones.
Desde el Gobierno de la ciudad se limitaron ayer a decir que los servicios jurídicos están estudiando las tres sentencias favorables a FCC. El consistorio puede presentar un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) antes de finales de septiembre. Este asunto salpicaría directamente al anterior Gobierno socialista, que redactó los pliegos, adjudicó en marzo del 2008 el contrato (que se firmó en junio) y no realizó ninguna revisión de precios, como tampoco ha hecho Zaragoza en Común (ZeC).
FCC reclama en sus revisiones de precios que se tengan en cuenta las variaciones de la mano de obra y de las toneladas recogidas, algo que no sucede desde el 2009. En el primer caso, el TSJA falla a favor de la empresa y en el segundo no le da la razón al considerar que la diferencia no genera ningún perjuicio grave a la contrata.
SENTENCIAS / Las tres sentencias, del pasado 25 de junio, afectan a los años comprendidos entre el 2009 y el 2013. En estas revisiones, FCC reclamaba 16,9 millones en concepto de revisión de precios: 811.000 del 2009; 6,1 de periodo 2010-2011; y 10 millones del 2012-2013. Estos diez últimos millones ya han sido abonados por el consistorio después de que la contrata solicitara la ejecución de sentencia, aunque el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, negó que se haya realizado este abono. Desde FCC desmintieron esta afirmación e informaron que anualmente tienen que pagar un aval, de acuerdo a ejecución. Teniendo en cuenta las tres sentencias del TSJA y siguiendo sus criterios, desde la contrata calculan que, aplicando la revisión de precios del 2013 a las auditorías del 2014, 2015, 2016, 2017 y el 2018, el consistorio tendría que abonar otros 26 millones de euros, que podría ascender a los 36. A esta cuantía habría que añadir otros diez en los que la empresa estima el coste real del servicio de cada uno de estos años, es decir, se tendría que aplicar la regularización por el año correspondiente al 2014, 2015, 2016, 2017 y lo que proceda del 2018.
En resumen, además de los 16,9 millones que por sentencia -y a falta de saber si ZeC recurre- el consistorio tendría que abonar a FCC, el consistorio se enfrenta a la reclamación de otros 36, es decir, 53 a los que habría que añadir los intereses de demora.
La discusión se centra en la interpretación de Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor en el 30 de abril del 2008 y que modificó el modo de calcular las revisiones de precios y la posibilidad de computar la mano de obra en las mismas. Para el Gobierno de Zaragoza en Común, esta norma debe aplicarse con carácter retroactivo y, por lo tanto, no se computaría la mano de obra. FCC -y el TSJA- no hacen esta interpretación, ya que consideran que la ley tiene excepciones y este caso las cumple. Entre otras cosas, no tiene carácter retroactivo, y el contrato se firmó antes de que entrara en vigor. Pero además, según el TSJA, «la mano de obra debe revisarse conforme a lo dispuesto en los pliegos que rigen en el contrato». «Los pliegos son la ley del contrato, con fuerza vinculante para las partes», añade en su argumentación.
Respecto a la reclamación por parte de FCC por la variación en la recogida de toneladas, considera que no se produce un desequilibro económico financiero del contrato.
