El Ayuntamiento de Zaragoza ha encargado un informe técnico y jurídico sobre la posibilidad de que la empresa que ha instalado la carpa de la cerveza en Valdespartera durante los tres últimos años vuelva a hacer. El dueño de la carpa, Luis Gorrachategui, y su supervisor técnico, Sergio Espinosa, se enfrentan a una pena de cárcel y la inhabilitación en sus cargos por un delito de lesiones graves por imprudencia como consecuencia de la caída de una viga sobre una mujer por la falta de piezas en la instalación.
Desde el consistorio confirmaron que Infraestructura y Desarrollo de Espectáculos y Acontecimientos (Idea) envió el proyecto para reinstalar la carpa el pasado 3 de agosto. Al tratarse de un empresa imputada, han solicitado un informe técnico y otro jurídico donde se expongan las posibilidades, o no, de prohibir su instalación.
La decisión la tomará el Gobiern de la ciudad atendiendo al resultado de los documentos. Por ahora el equipo de la ciudad no se ha pronunciado sobre cuál es su intención.
La decisión tendrá que tomarse en los próximos días ya que este año se ha adelantado diez días el montaje de las instalaciones para poder cumplir con la nueva normativa autonómica y las exigencias que el ayuntamiento debe cumplir tras el suceso del pasado 8 de octubre en la carpa de la cerveza. Es decir, las infraestructuras tendrían que estar lista la última semana de septiembre por lo que los trabajos de montaje comenzarán en torno al 11 de septiembre. La concesionaria del recinto ferial, Orfeinte, advirtió que, en caso de que el consistorio permita su montaje, endurecerá las condiciones.
Tanto Gorrachategui como Espinosa se enfrentan a penas de cárcel e inhabilitación de sus cargos. Compartirán banquillo con el concejal de Servicios Públicos de Zaragoza, Alberto Cubero, y el jefe del departamento, Enrique Asensio, pese a que la Fiscalía no les consideró responsables, contra criterio del juez instructor. La acusación particular sí lo hizo, y les pide tres años de prisión -los mismos que a Gorrachategui y Espinosa- , cuatro de inhabilitación especial y una fianza de 200.000 euros.
Para el empresario de la Oktoberfest y su supervisor técnico, pide una pena de cuatro meses de prisión y 2.400 euros de multa por un delito de lesiones graves por imprudencia grave, y fija una indemnización de 118.270 euros para la víctima, colocando como responsables civiles a la empresa de la carpa, el Ayuntamiento de Zaragoza y las aseguradoras de las diversas instancias. El juicio será a finales de febrero.
