"No ha habido ningún error". Así de claro fue el vicealcalde de Zaragoza y responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Gimeno, sobre al conflicto judicial abierto que mantiene el consistorio con la antigua contrata del bus, TUZSA, y que el PP denuncia que supone una deuda de "50 millones".

En una comisión extraordinaria de Hacienda y Servicios Públicos --solo participaron PSOE y PP--, los populares acusaron al Gobierno de no haber actuado hasta que estalló el conflicto con los trabajadores cuando en el 2011 un informe jurídico de la Universidad de Zaragoza concluyó que la contrata facturó costes que no correspondía pagar al consistorio.

Gimeno explicó que se planteó esperar a la liquidación de la contrata para exigir la compensación de gastos. La empresa no solicitó una revisión de precios hasta el 2012, correspondientes al 2011. También lo hizo en el 2013 y, por ello, dijo Gimeno, se seguían pagando las certificaciones del 2009. Hasta que la antigua contrata no pidió la revisión, el consistorio no solicitó una auditoría que, además, utilizó para presentar la demanda de lesividad, anulada por el juez, ahora recurrida.