El Ayuntamiento de Zaragoza entra de lleno en el debate sobre la regulación de las fincas privadas que se dedican a la celebración de bodas y otros eventos. Y lo hace a raíz de una alerta iniciada desde el servicio de Inspección Tributaria que ha detectado nueve casos en situación irregular, derivados a Disciplina Urbanística y que han acabado en expediente. De ellos, por ahora, se ha ordenado el cierre de dos de estas instalaciones, que se anuncian, se contratan y se alquilan por parejas que buscan celebrar en ellas su matrimonio sin contar con que su situación no está en regla. El consistorio ha decidido poner coto a su explotación y clausurar y sancionar a aquellas que no cumplen la legalidad.

No es un caso aislado pero tampoco es algo generalizado. Al sector le preocupa que se traslade alarma a las decenas de parejas que las contratan, que derive en una desconfianza que ahuyente a los clientes, por unas circunstancias que, en parte, defienden que no es culpa suya.

Las irregularidades están relacionadas con una documentación que el ayuntamiento ahora considera que deben poseer para estar funcionando con normalidad, pero sin que haya normativa específica en Zaragoza. Su licencia debe ser idéntica a la de cualquier otro restaurante de la capital. Y su proyecto debe ser válido para el suelo sobre el que se levantan sus instalaciones. En todas las inspeccionadas, además, con un denominador común: están en suelo no urbanizable.

¿CUÁL ES LA NORMA? // Las inspecciones las realizó recientemente la Policía Local, que acudió a las fincas que desde Inspección Tributaria municipal se señaló como posibles casos de infracción. Tras esta batida inicial, hoy hay en tramitación otras cinco instalaciones y dos más acaban de iniciar su expediente en Disciplina Urbanística.

Según informaron a este diario fuentes oficiales del ayuntamiento, «se detectó que algunas de ellas no pagaban ni Impuesto sobre Actividades Económicas ni otros impuestos y tasas derivados de la actividad que realizan», cuando era evidente que estaban funcionando. Se anunciaban a través de internet y luego no pagaban al consistorio por esa actividad por la que ingresaban dinero. «Se inició la revisión para ver quién tiene los papeles en regla», apostillaron las mismas fuentes.

Una vez analizados los casos se detectaron estas nueve fincas a las que se les ha requerido regularizar su situación. Porque «hoy cosas que pueden hacer en ellas y cosas que no, pero es indudable que están abiertas al público y generan actividad económica». Eso se suma, en algunos casos a fincas que cuentan con edificaciones que, pese a levantarse en suelo no urbanizable, son legales porque se construyeron antes de 1985.

La falta de regulación anterior, o de inspección, las ha acabado por normalizar. Pero no las carpas anexas instaladas con carácter permanente para acoger bodas. Eso es lo que se señala y lo que ahora deberán adaptar a la normativa municipal. Porque, vistas como un restaurante, no tienen licencia de actividad válida para acoger eventos.

Sin embargo, desde el sector se lamenta que el ayuntamiento no se haya dirigido a las empresas que se dedican a ello para analizar cómo regular una actividad que «está de moda» en los últimos años. Cada vez son más parejas las que quieren celebrar su boda en una finca y admiten que urge regularlo «para evitar a los piratas, que como en todos los sectores, también los hay». Temen que esta polémica acabe salpicando a todas las fincas. No obstante, algunas de las señaladas confían en subsanar las deficiencias en los próximos días.