El Gobierno de Zaragoza ha anunciado que planteará un reajuste del plan de reducción de deuda actual para poder afrontar el pago de las sentencias relativas a la revisión de precios de FCC. El objetivo de este reajuste, según el consistorio, es reducir el nivel de endeudamiento municipal hasta el 109% a final de año; es decir, un punto por debajo del límite legal. Afirman que permitiría al consistorio acudir al Fondo de Impulso Económico (FIE) y así, poder solicitar préstamos bancarios para pagar las sentencias y, al mismo tiempo, amortizar otros préstamos que están vigentes y que conllevan intereses mucho más altos.

El concejal de Economía, Fernando Rivarés ha explicado que se han dictado tres sentencias diferentes que obligan al Ayuntamiento a pagar a FCC las revisiones de precios desde 2009 y hasta 2013. Rivarés ha detallado que 10,8 millones de euros correspondientes a las revisiones de 2012 y 2013 ya han sido abonados. Faltan, por tanto, por pagar los intereses generados de esta sentencia, 6 millones de euros más intereses por la revisión de precios de los años 2010 y 2011 y otros 181.000 euros de la de 2009, aunque esta última cantidad ya está dotada con el fondo de contingencia.

Para poder afrontar esos pagos pendientes, el concejal ha explicado que plantearán un reajuste del plan de deuda que está vigente actualmente "porque no hace ninguna falta y no pensamos hacer un nuevo plan. Eso es una barbaridad contra los zaragozanos". "Con este reajuste que acabaría el 31 de diciembre, tal y como ahora está previsto, rebajaríamos el nivel de endeudamiento, mejoraríamos los préstamos bancarios, amortizaríamos y nos permitiría pagar estas sentencias", ha indicado.

Rivarés ha recordado que desde 2015 se han pagado más de 105 millones de euros de sentencias condenatorias y otros 34 millones de euros en intereses por decisiones adoptadas entre los años 2019 hasta 2014.

Además ha señalado que plantearán a FCC un plan de pagos negociado en caso de que reclame también las revisiones de precios de los años 2015 a 2018 y que no se han podido pagar al estar el asunto judicializado.