El Ayuntamiento de Zaragoza presentará este jueves en un juzgado de instrucción de la capital aragonesa una querella contra los crímenes del franquismo. Igual que han hecho otras ciudades, el consistorio, avalado por el pleno, pretende poner en marcha una investigación judicial que permita que se conozcan las circunstancias en las que fueron perpetrados, quiénes fueron sus responsables y, en caso de considerarse así, se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena. El origen de esta iniciativa se remonta a diciembre del 2015, cuando el abogado argentino y miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del Franquismo (Ceaqua), Carlos Slepoy, solicitó a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que instarán a las instituciones locales a interponer demandas para investigar los crímenes y que estos no quedasen impunes.
Ese mismo mes, CHA presentó en el Ayuntamiento de Zaragoza una moción para que la ciudad se implicase y elaborase su propia demanda criminal, como ya habían hecho otros ayuntamientos. La propuesta salió adelante con los votos a favor de CHA y ZeC y la abstención del PSOE y Cs. El PP votó en contra de iniciar esta investigación «por los crímenes contra la humanidad» cometidos durante la dictadura.
Según el alcalde, Pedro Santisteve, se han «asumido las políticas de memoria histórica como una deuda histórica hacia las víctimas del franquismo, las personas, los funcionarios, los ediles asesinados en pleno golpe militar franquista». Por eso, además de eliminar «la simbología anticonstitucional» que todavía quedaba en la ciudad, el año pasado se creó la Oficina de Atención a Víctimas del Franquismo que durante varios meses ha recogido testimonios, recabado información y trabajado en la elaboración de la llamada querella argentina, en colaboración con la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (ALAZ).
JUSTICIA
El letrado de ALAZ, Pablo Jiménez, explica que se reclama «el derecho de las víctimas a la justicia, a que se haga justicia porque hay una situación de impunidad». «Durante el franquismo se cometieron violaciones graves de los derechos humanos: asesinatos, torturas, desapariciones,... a un grupo concreto de la población, por lo que se eleva el delito y se produce un crimen contra la humanidad», explica.
En el 2012, el Tribunal Supremo (TS) rechazó la posibilidad de investigar judicialmente estos crímenes, cuando en procedimientos similares, como la dictadura argentina, sí que se aplicaron criterios para que se realizaran las investigaciones necesarias, añade. Es por ello, por lo que varios ayuntamientos que forman parte de la Red de Ciudades Contra la Impunidad Franquista han elaborado sus propias querellas, todas ellas con el mismo objetivo.
El último ha sido el Ayuntamiento de Rivas. El Juzgado de Instrucción nº35 de Madrid ha admitido la querella por los crímenes del franquismo a sus vecinos. Esta causa judicial se suma a la de Valencia, donde un juez abrió una investigación por las torturas sufridas por 12 militantes cercanos al PCE en 1971 a manos de la Brigada Político Social.
Para el alcalde zaragozano, «un país sin memoria es un país sin pasado y por consiguiente sin posibilidades de futuro». Desde el consistorio, y a través de la Oficina de Atención a las Víctimas, lo que se pretende es que «las generaciones venideras entiendan las causas que nos llevaron a la Guerra Civil, analizar los estragos que causó el franquismo, en cuanto al vacío cultural, democrático y de represión» y «más en estos tiempo convulsos de la política», matiza. Insiste en que desde las instituciones hay que inculcar a las nuevas generaciones «el valor de la democracia, el reconocimiento de la diversidad y hacer ver que una democracia se construye entre todos».
