El Ayuntamiento de Zaragoza recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que declara nulo el plan especial para la construcción de Torre Village, más conocido como outlet de Pikolín, ante el Supremo. Además, iniciará los trámites necesarios para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y adecuar los usos del suelo a los que plantea el plan especial para poder legalizarlo. Será el próximo Gobierno el que se encargue de esta tarea porque Zaragoza en Común (ZeC) no está dispuesto a hacerlo y tampoco tiene tiempo por la cercanía de las elecciones.

Ambas decisiones se tomaron ayer en la comisión de Urbanismo, en la que volvieron a imponer su mayoría PP, PSOE y Cs. Presentando el recurso de casación se consigue dilatar en el tiempo el pleito judicial, que Iberebro continúe con la construcción del complejo y que el Gobierno municipal inicie la maquinaria para modificar el PGOU, como propuso ayer el PSOE y que fue apoyado por sus colegas del PP y Cs.

Para el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, se trata de la «primera piedra» para legalizar el futuro centro comercial, es decir, de «una modificación a la carta». Recalcó que el informe de los jurídicos municipales, aunque no es concluyente, deja claro que el recurso de casación tiene muy pocos visos de prosperar, por lo que instó a los grupos a acatar la sentencia y no recurrir. Solo CHA le apoyó porque, igual que ZeC, tampoco está de acuerdo en que se construya un outlet en la periferia. También fue el único que votó a favor de la propuesta de Muñoz de suspender cautelarmente las peticiones de cuatro licencias pendientes. Una para adecuar tres locales en los que montar ocho salas de cine, dos para uso «comercial genérico» y otra para acondicionar un local donde abrir un restaurante.

Muñoz explicó que, tal y como se advertía en un informe la Dirección de Servicios de Intervención Urbanística y Disciplina, solo así se podría «salvaguardar la efectividad de la resolución del procedimiento» y «asegurar su eficacia». Aseguró que, en caso de aprobarse, acabarán sufriendo la misma suerte que el proyecto y serán declaradas nulas. «Es un acto de prudencia», defendió la director del Servicios de Intervención Urbanística, Concepción Rincón. Carmelo Asensio, de CHA, coincidió en que es la única manera de «evitar males mayores y experiencias como la del supermercado de Utrillas». En cambio, PP, PSOE y Cs opinaron todo lo contrario y tildaron de «político» el expediente de Urbanismo al basarse en una sentencia que no es firme.

Desde Cs, Alberto Casañal insistió en que el fallo «no dice que haya que paralizar las obras, sino que hay que adaptar los usos del PGOU». La concejala del PSOE, Lola Ranera, explicó que el fallo «carece de efectos jurídicos» porque no es firme, por lo que el plan especial sigue en vigor, como todos los procedimientos relacionados, como la aprobación de las licencias pendientes.

Por su parte, el concejal del PP Pedro Navarro aseguró que no existe «ningún supuesto tasado por la ley para suspender el procedimiento». Añadió que «la Administración no puede ir en contra de sus propios actos mientras la sentencia no sea firme porque podría ocasionar una daño patrimonial millonario».

Muñoz replicó que no se trataba de un acto político, sino legal con el que se pretendía evitar problemas a futuro, como que se autoricen las licencias y acaben siendo declaradas nulas, como el plan especial de Torre Village. «Si desaparece la causa jurídica, se aprueban», matizó, después de asegurar que no existe responsabilidad patrimonial porque existe una cláusula en el convenio firmado con Iberebro que exime al ayuntamiento.