El Ayuntamiento de Zaragoza tiene que pagar a la concesionaria que se encarga de la limpieza de la ciudad, FCC, 3.000 euros al día en intereses de demora por el impago de las revisiones de precios desde el 2009 y que están judicializadas. Hasta ahora el consistorio tenía un motivo para no autorizar el abono, ya que mantenía la esperanza de que el Supremo le diera la vuelta a las tres sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que fallaron el pasado mes favor de la concesionaria.
Por ahora solo ha respondido a uno de los tres recursos presentados en contra de las sentencias de junio y lo hizo el pasado día 7 para inadmitirlo a trámite. Se trata de las revisiones de precio del 2009, así que el consistorio ya no tiene margen de maniobra para no abonar los 180.000 euros que reconoce, a los que tiene que sumar los intereses de demora diarios. En junio, la concesionaria ya elevaba la cifra a 810.000 euros, que han ido aumentando porque, según la empresa, estos intereses comenzaron a generarse en el momento en el que realizó la reclamación.
Las otras dos sentencias son las que más preocupan al equipo de Gobierno ya que se habla de cuantías millonarias. En las revisiones de precios correspondientes al periodo 2010-2011, FCC reclama 6,1 millones de euros, y en las del 2012-2013 otros diez, que ya fueron abonados porque la concesionaria solicitó un pago cautelar. La empresa va más allá y ya calcula la deuda del consistorio si aplica el mismo criterio de la sentencia del TSJA a las revisiones de precio correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y el 2018. En total, según la empresa que se encarga de la limpieza viaria, la cifra podría superar los 50 millones.
El motivo de esta discusión está relacionado con la interpretación que el ayuntamiento y la concesionaria hacen de la Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor en el 30 de abril del 2008 y que modificó el modo de calcular las revisiones de precios y la posibilidad de computar la mano de obra en las mismas.
ZeC defiende que debe aplicarse con carácter retroactivo y, por lo tanto, no se computaría la mano de obra, y para FCC la ley tiene excepciones que cumple. Entre otras cosas, no tiene carácter retroactivo, y el contrato se firmó antes de que entrara en vigor.
En plena batalla judicial, el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, denunció que la empresa está cargando al consistorio gastos un tanto cuestionables, como comidas en restaurantes.
FACTURAS
El concejal enseñó una de las facturas que desde FCC Parques y Jardines (porque también gestiona las zonas verdes) ha enviado a Servicios Públicos para justificar las certificaciones mensuales que notifica al ayuntamiento. Entre el montón de papeles apareció el tíquet de un restaurante madrileño por valor de 90 euros que Cubero aprovechó para cargar contra «la buena fe» de la concesionaria que, a su juicio, está «inflando» las facturas para «enriquecerse». Desde la empresa negaron que este tipo de gastos se carguen a las arcas municipales y explicó que se trata de un papel traspapelado de su contabilidad.
Según la multinacional, las declaraciones de Cubero «se realizan con ánimo de dañar la imagen de la empresa y de las personas que a diario trabajan para la gestión de los servicios públicos en Zaragoza». Añaden que «lo que se trata de ocultar con la manipulación de esa información es que cada día que pasa, desde que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del ayuntamiento, la ciudad tiene que afrontar la cantidad de 3.000 euros diarios en concepto de intereses de demora».
Una cuantía que hay que añadir a la ya acumulada y que solo podría eliminarla un fallo del Supremo a favor del consistorio.
