El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que asumir cinco nóminas pendientes de las 14 trabajadoras del 010 y la deuda de la empresa que gestiona el servicio, Pyrenalia, con la Seguridad Social desde julio del 2016 hasta septiembre del 2017. Así se hará por un requerimiento judicial.

El 16 de octubre, el ayuntamiento recibió una comunicación del Juzgado de lo Social número 5 en la que le informaba de la reclamación de sus nóminas presentada por las empleadas. Iba dirigida tanto a Pyrenalia como al consistorio. En este caso, exigían las de mayo y junio del 2017. En noviembre recibió una segunda, esta vez, correspondiente a julio, agosto y septiembre y a través del Juzgado de los Social número 3.

Ya en el primero caso, el juzgado número 5 estimó como medida cautelar embargar de forma preventiva al consistorio las mensualidades que debía abonar a Pyrenalia por la prestación del servicio y que, ante los impagos a las trabajadoras, decidió dejar de hacer. La cantidad ascendía a 27.607,36 euros, más 1.380,37 de intereses devengados. Finalmente, se alcanzó un acuerdo entre las partes implicadas por el que se atendían las reclamaciones salariales a cambio «de la renuncia al interés legal del 10% devengado por la demora en el pago de los salarios» y de la posibilidad de formular «cualquier clase de reclamación ante Pyrenalia y el consistorio por el periodo que abarca los meses de mayo a septiembre del 2017».

En ese acuerdo también se firmaba que Pyrenalia quedaba «liberada de la obligación del pago de las nóminas» de las trabajadoras y de «cualquier derecho o interés legítimo» que le correspondiera frente al ayuntamiento durante los meses de mayo a septiembre.

Por otro lado, el consistorio asumía los pagos pendientes a la Seguridad Social por parte de Pyrenalia desde julio del 2016 hasta septiembre del 2017. La contrata adeudaba un total de 95.093,28 euros.

Fuentes municipales no supieron confirmar ayer qué va a pasar con el servicio 010 y, especialmente, con sus empleadas. Ayuntamiento y empresa hace meses que rompieron su relación contractual y ninguna de las empresas que se presentó al concurso del 2015, suspendido por ZeC, quiere, ahora, hacerse cargo del servicio.