El Ayuntamiento de Zaragoza vuelve ya a ser el propietario oficial de las riberas del Ebro a su paso por el galacho de Juslibol. Finalmente, y tras una larga y compleja tramitación que comenzó ya en el 2009, se ha consumado el deslinde de las parcelas situadas en el margen del río que habían sido inscritas de forma irregular a lo largo de los años por particulares.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), administración competente en la materia, publicó la pasada semana la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en un procedimiento que se ha efectuado a instancias del propio Ayuntamiento de Zaragoza, que quiere poner en marcha un corredor verde en ese tramo de la ribera, ya muy recorrido por paseantes durante los fines de semana, dado que conecta con el galacho de Juslibol.

Para conseguirlo, el consistorio afrontó el pago de los estudios previos y de los actos administrativos necesarios para tramitar el procedimiento, que ascendieron a 160.000 euros

En concreto, más de 550 parcelas de un centenar de propietarios se han visto afectadas por esta operación en un tramo que, a su vez, se subdivide en tres segmentos de 1.889, 1.621 y 7.949 metros de longitud a lo largo del cauce del río. Es el que discurre desde el puente que enlaza con la autopista de Barcelona hasta el barrio rural de Monzalbarba.

La operación se ha realizado en base a la Ley de Aguas, que establece la porción de terreno de las riberas que se considera de dominio público y detalla que las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal, a una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará reglamentariamente.

Es decir, que el terreno de las riberas es de propiedad pública. También esta legislación establece una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. Es decir, se permite que se mantenga como propiedad privada pero su propietario debe permitir el paso por ese terreno de los viandantes.

En la fase de exposición pública del proyecto se presentaron un total de 20 alegaciones, que a su vez se remitieron a la Abogacía del Estado para que elaborase un informe en el que se desestimaron las distintas peticiones presentadas por vecinos contrarios a la actuación.