La recaudación del Ayuntamiento de Zaragoza en concepto de plusvalía durante el primer trimestre del año asciende a 18,6 millones de euros, fruto de 8.579 operaciones. El concejal de Economía y Hacienda, Fernando Rivarés, informó ayer durante la comisión de su área que se ha dirigido por carta a la Dirección General del Catastro para que la ciudad pueda acogerse a una reducción de los valores.

Según Rivarés, es posible llevar a cabo esta medida al haberse cumplido cinco años desde que se aprobara la última revisión catastral en la capital aragonesa.

La misiva tuvo entrada en el registro de la Delegación de Hacienda de Zaragoza este miércoles y con esta petición, el área de Economía pretende poder equilibrar los actuales valores catastrales actuales en la ciudad.

Según Rivarés, son la causa del aumento de impuestos como el IBI y la plusvalía, denominado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Las dos tasas que, por otra parte, generan el mayor volumen de ingresos a las arcas municipales cada año.

En el primer trimestre del 2017, el ayuntamiento ha registrado 8.579 operaciones por 18.639.888 euros. Del total, 3.703 fueron compraventas de inmuebles, que han supuesto unos ingresos totales de 12.676.255 euros, y otras 4.815 operaciones son el resultado de las herencias, que han generado unos ingresos de 5.799.547 euros para las arcas municipales. Además, otros 61registros corresponden a donaciones que han dejado 162.086 euros en concepto de este impuesto local.

Con respecto al mismo periodo del pasado año, se ha producido un incremento del 22% en las operaciones de compraventa y del 23% en las herencias, según informaron desde el área de Economía.

BONIFICACIONES / Por otro lado, la mitad de las operaciones por herencia -2.062- han podido acogerse a bonificaciones, del 95% o el 50% porque el valor catastral del suelo estaba por debajo de los 150.000 euros, y así lo contemplaba la ordenanza de plusvalía aprobada para este año 2017. Estas reducciones se han incrementado un 34,6% con respecto al mismo periodo del año pasado y han supuesto una merma de ingresos de 2.466.337 euros.

Esta tasa local está en el punto de mira desde que el Tribunal Constitucional abrió la puerta a la reforma del impuesto municipal sobre las plusvalías, que en teoría grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos pero en la práctica es abonado siempre, aunque hayan perdido valor. En un fallo -del pasado mes de febrero- se refería a una norma foral de Guipúzcoa que establece como norma general que «en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial».

La sentencia no tiene un efecto automático, establece una doctrina para los supuestos en los que se recurra este tributo ante los tribunales. Aunque el fallo descartaba pronunciarse sobre la constitucionalidad del impuesto incluido en la ley de haciendas locales, este adolece de los mismos problemas.