Los ayuntamientos aragoneses, como los del resto del país, ya pueden desde ayer adjudicar varias obras o servicios menores al mismo licitador, al entrar en vigor la modificación de la ley de contratos que lo prohibía, desde el 2017. Un cambio que está siendo criticado por eliminar un teórico filtro para la corrupción, y haber sido colado en real decreto que teóricamente era para incorporar directrices europeas. Pero que, pese a las críticas, llega como «una magnífica noticia» para los ayuntamientos, sobre todo para los pequeños.

Así lo aseguraba este jueves Luis Zubieta, en su doble condición de alcalde de Zuera y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). Según explicaba, llevaban tiempo reclamando este cambio, así como el incremento del límite de lo que se considera un contrato menor, pero este seguirá en 40.000 euros para obras y 15.000 para suministros o servicios. «Reclamamos esto y también derogar la ley de racionalización del sector público, que nos permitan gastar el remanente en lo que nosotros consideramos necesario. Parecemos el hermano pequeño de las administraciones cuando somos las más cumplidoras», afirmaba Zubieta.

El cambio legislativo está en vigor desde este jueves, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En una disposición final del decreto, casi de rondón, el Gobierno central eliminó la prohibición de adjudicar a un mismo licitador más de un contrato menor al año (o al menos que, si eran varios, no superasen en conjunto esos 40.000 euros), así como la responsabilidad del órgano de contratación en caso de que se vulnerase esta norma.

La medida estaba pensada para limitar los contratos a dedo, adjudicados a un mismo contratista para eludir los mayores controles legales que conllevan los contratos de mayor importe. Una forma habitual de corrupción en otros tiempos.

El propósito era loable, pero desde que se promulgó, en el 2017, se comprobó que no se había pensado en las consecuencias que esto podría tener en los pequeños muncipios. Y más aún, en estos contratistas, cuando no eran una gran constructora sino un albañil que, en buena medida, vivía del puñado de obras municipales que le caían en un año.

Los consistorios pronto comenzaron a exponer su malestar con esta limitación, entre otros inconvenientes de la legislación, y algunas voces, tanto en el Gobierno de Aragón como en las diputaciones provinciales, comenzaron a solicitar una flexibilización de la normativa para los municipios más pequeños.

Aparte del inconveniente de no poder echar mano del constructor local ante la necesidad de una obra rápida, también se encontraban con unos requisitos de transparencia, y sobre todo de burocracia, que no podían afrontar con sus funcionarios y secretarios compartidos entre varios consistorios. Por no mencionar la necesidad de publicar los contratos en internet en municipios donde este funciona mal, si hay.

Esta modificación no soluciona todos los problemas, pero será una ayuda. Por contra, puede facilitar que, en otros ámbitos, vuelvan a proliferar los amiguismos. Porque no se establece más control intermedio que un informe que acredite que no se están fraccionando contratos mayores, y la responsabilidad del órgano de adjudicación desaparece del articulado. Para pagos con adelantos de caja, hasta 5.000 euros, no es necesario, de hecho, ningún tipo de control.