El quebrantamiento del estado de derecho y de las normas constitucionales, el incumplimiento de las sentencias y la situación de Cataluña tras el referéndum ilegal han sido las principales referencias de las intervenciones de la judicatura y de la fiscalía en la apertura del año judicial en Huesca.

Estas cuestiones han centrado los discursos del fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech, y del presidente de la Audiencia altoaragonesa, Santiago Serena, quienes han dirigido sus críticas a los dirigentes políticos de la Generalitat y valorado la actuación de Guardia Civil y Policía Nacional.

El responsable fiscal ha señalado que las "voluntades unilaterales" de los responsables de la convocatoria de la consulta ilegal son "inaceptables", al tiempo que ha lamentado el interés de los independentistas en abrir "nuevas fronteras" sin valorar un Tratado Europeo que valora la estabilidad del actual ordenamiento territorial en la UE.

A su juicio, "es paradójico que quien ha causado un grave quebranto al orden constitucional de forma torticera y engañosa, arrogándose funciones que no le corresponden, se presente ahora de forma victimista a pedir protección de la Unión Europea".

Una decisión, ha añadido, que aboca a Cataluña a un "desastre de consecuencias imprevisibles".

Baratech ha expresado su "respeto" a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por su actuación en Cataluña con motivo del referéndum ilegal, y ha lamentado al tiempo "la actuación de quienes infringieron en mandato judicial, se alinearon con posicionamientos políticos impropios de un cuerpo policial e incumplieron el juramento de hacer guardar la Constitución".

Por su parte, el presidente de la Audiencia de Huesca ha expresado su "preocupación y tristeza" ante los hechos registrados en Cataluña, de los que ha responsabilizado a quienes "sistemáticamente" han incumplido los mandatos del Tribunal Superior de Justicia catalán y del Tribunal Constitucional.

Según ha explicado, "las bases de esta consulta son que los deseos de los ciudadanos, dicen sus intérpretes, legitiman cualquier actuación, pero nada más lejos de la realidad, porque en un estado social y de derecho no cabe contraponer una supuesta legalidad democrática a la realidad constitucional".

Ha destacado que la invocación hecha al derecho internacional que avala el derecho a decidir sólo hace referencia a "los pueblos colonizados o a los que están bajo el yugo del racismo, y éste no es el caso".

Serena ha expresado su solidaridad con los jueces, fiscales y funcionarios de Cataluña que tendrán que hacer frente a las querellas y denuncias interpuestas tras el 1 de octubre.

"Ellos -ha resaltado- son los llamados a restaurar el orden constitucional y los derechos de los ciudadanos, pero estoy convencido de que van a sufrir presiones inadmisibles" para cumplir con su función de administrar justicia y de recuperación del estado de derecho".

En relación al balance de la actividad desarrollada por la justicia altoaragonesa el año pasado, las estadísticas aportadas por ambos revelan un descenso del 10 por ciento de los juicios rápidos y un descenso sustancial de las diligencias previas, de 19.000 en 2015 a un total de 10.500 en el pasado ejercicio.

Según el presidente de la Audiencia oscense, este descenso no ha supuesto que el trabajo realizado sea menor ya que la actividad de los juzgados de instrucción, tras la reforma de la ley de enjuiciamiento, exige "plazos perentorios" para la resolución de los asuntos.