Justo cuando se estaba celebrando ayer la junta extraordinaria de portavoces en el Ayuntamiento de Zaragoza para exigir el regreso de la oposición a los consejos de administración de las sociedades municipales, el Tribunal Constitucional anunció que admitía a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central el pasado 3 de agosto contra el artículo 14.1 de la ley de capitalidad, el que permitió expulsar a PP, PSOE, Cs y CHA de la toma de decisiones, yaprobaba por unanimidad su consiguiente suspensión cautelar. La decisión se hará efectiva cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y avivó las tensiones en el consistorio por la interpretación de las consecuencias que esta decisión tiene que, sea cual sea, allana la vuelta de la oposición en poco tiempo.
La lectura que hacía el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), manifestada por la portavoz adjunta Arantza Gracia y la vicealcaldesa Luisa Broto era que «no hay ningún cambio de situación» y todo se mantendrá «como hasta ahora», porque el Constitucional «tiene de plazo hasta el 3 de diciembre para decir en firme qué plantea», aunque siempre se ha hablado de cinco meses desde que se presentó, por lo que la fecha exacta sería el 3 de enero del 2019. Ambas destacaron que la providencia de ayer «solo es un trámite administrativo para decir que se pone a trabajar en ello», en el recurso.
Mientras, los cuatro grupos municipales exigieron al alcalde que acate el mandato del Constitucional. Y el portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, destacó que «va deslizándose irrremisiblemente por un camino que lleva a este ayuntamiento a parecerse al Parlamento de Cataluña», porque ahora, si desobedece al tribunal, «se coloca en la misma posición que el presidente Quim Torra con la legislación española». «Es imposible terminar el mandato de peor manera», subrayó, al estimar que si no lo acata obligará al resto a «judicializar este asunto para defender nuestros derechos extramuros».
El conservador Pedro Navarro anunció que el PP pedirá un pleno extraordinario en cuanto salga en el BOE y así, en 15 días, recuperar la normalidad democrática en las sociedades. «Estamos hartos de pantomimas y de que el PSOE se empeñe en engordar al monstruo que ha creado», añadió, porque puso en manos de ZeC la «herramienta», la ley de capitalidad y el artículo 14.1. «Ahora ya iría en contra de las decisiones del Constitucional», recordó Sara Fernández, de Cs. Para Carmelo Asensio, de CHA, se pone fin a la «fechoría» de echarles de las sociedades y la suspensión implica la anulación «inmediata» de la decisión adoptada por ZeC.
