La gestión del Parque Nacional de Ordesa corresponde a la DGA y no tiene que ser compartida con el Gobierno central, según una sentencia del Tribunal Constitucional que ha dado la razón al Gobierno aragonés en su recurso contra una ley estatal. El fallo implica que la dirección y organización del espacio protegido tendrán que pasar a manos del Ejecutivo del PSOE-PAR, que se prepara ya para el traspaso de la competencia y que confía en que ésta se pueda hacer efectiva en julio del año próximo.
La sentencia trascendió ayer, tras un proceso judicial que ha durado siete años. En 1997, el Gobierno autónomo y las Cortes de Aragón recurrieron ante el Tribunal Constitucional una modificación de la Ley estatal de Conservación de los espacios naturales por considerar que invadía competencias autonómicas.
Como recordó Alfredo Boné, consejero de Medio Ambiente, Ordesa está en una situación peculiar: la cogestión entre Madrid y Aragón. Pero con desventaja para la comunidad, pues la Administración central es responsable última de toda decisión (desde los nombramientos, hasta las actuaciones a desarrollar pasando por el modelo de gestión).
CONCLUSION El fallo del Constitucional, dijo Boné, garantiza sin duda alguna que Ordesa "va a ser gestionado por los aragoneses". La sentencia elimina los artículos sobre la cogestión y los órganos de dirección del parque. La comunidad debe prepararse para asumir una traspaso de medios humanos y materiales que el Estado está obligado a acometer.
Boné adelantó que hoy mismo trasladará al Consejo de Gobierno la modificación necesaria en la ley aragonesa para acoger esta gestión, una medida de mínimos que después puede mejorarse en reglamentos. Además, habrá que abrir el diálogo con el Ministerio de Medio Ambiente sobre una transferencia que el consejero espera rápida: su deseo, que sea efectiva en julio del 2005. (Boné coincidió con el número dos del ministerio, Antonio Serrano, en que hay que iniciar la negociación).
Las administraciones tendrán que ponerse de acuerdo sobre la valoración del traspaso (el presupuesto del parque, sin los gastos de personal, supera los cuatro millones de euros anuales) y hablar sobre nuevas fórmulas de coordinación. El consejero quiere mantener la colaboración, pero aclaró que ésta dependerá ahora de las comunidades.
La DGA diseñará el modelo de gestión del parque y nombrará a los responsables. Boné se mostró convencido de que este hecho permitirá agilizar el trabajo "y poner el parque en valor para generar actividad en el territorio y fijar población".
El consejero mostró su satisfacción y aseguró que la gestión no se va a paralizar, pues el fallo del Constitucional no conlleva la declaración de nulidad, por lo que el sistema seguirá como está hasta que las comunidades tengan el suyo propio.
