El conflicto entre Zaragoza y el Gobierno de Aragón gana en intensidad a propósito del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Con los más de 300.000 recibos ya en circulación y más de 7.000 recursos presentados por contribuyentes, el pulso continúa entre los representantes vecinales y de los consumidores y la administración que lo recauda, a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA). Y se prevé largo. Al menos después de que la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) instara ayer públicamente a «paralizar el cobro» de este tributo «en toda la comunidad autónoma», hasta que se revise de forma consensuada el mismo y el plan de depuración, «con la implicación de todos los partidos y no solo de dos», o acabarán acudiendo a los tribunales.

Allí es donde irá si los miles de recursos que se están recogiendo desde octubre no prosperan. «Hay suficientes argumentos como para recurrir a un contencioso y ganarlo», afirmó ayer su secretario general, José Ángel Oliván. Y no es un escenario descartable, a la vista de lo que opina el propio IAA. Su directora, Inés Torralba, explicó a este diario que «se puede discrepar de una ley, pero no del acto que hace una administración de ejecutarla. No servirán para nada».

«Estimarlos sería una ilegalidad. Es más una recogida de firmas, no alcanzará la anulación, porque una administración no puede no acatar la ley. Solo genera más confusión y ralentizar la gestión», añadió Torralba. Pero la UCA tiene claro que es «un primer paso para el inicio de un proceso administrativo» y con miles de ciudadanos respaldándoles.

Y entre esos «errores» incluyen, por ejemplo, los defectos de forma generados «por externalizar» el envío, y por lo que la DGA abona a una empresa «1,4 millones al año». Por hacerlo sin acuse de recibo, porque muchos ciudadanos no lo han recibido y otros no se han enterado, o porque los próximos se vayan a publicar directamente en un edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y que pueda haber hogares que, con recargos, vean aumentada su deuda sin saberlo.

RECHAZO AL GESTO DE HIJAR// Aunque su presidenta, Fernanda Blanco, y el propio Oliván, afeaban que un cargo público como el concejal de ZeC Pablo Híjar rompiera su recibo. «No se lo habríamos aconsejado, pero si quiere hacerlo no se le puede impedir», dijo ella. «No ayuda a la campaña de oposición al ICA. Ante una posición tan extremada y estentoria, los ciudadanos se muestran más proclives y sumisos a pagarlo», añadió Oliván. Para Torralba es «la política teatro de hacer gestos de cara a la galería, pero este puede ser tan grave como quemar una bandera». «Si no estamos dispuestos a respetar lo más básico, ya estamos viendo qué consecuencias tiene», apostilló en referencia a lo ocurrido en Cataluña. La UCA defiende que «hay que pagar y luego recurrir».

Mientras, el comportamiento del contribuyente no se aleja tanto del cumplimiento. Los datos oficiales del IAA apuntan que se han abonado ya «el 75%» de la primera remesa (casi 100.000 recibos), que es la única cuyo plazo de pago voluntario ha concluido (el pasado 5 de diciembre), por lo que los impagados son solo el 25%. Y que se llevan recaudados 1,8 millones de euros en Zaragoza. Casi el 20% del global que se espera, 10.161.179 euros, que equivale a reconocer que de los 12 millones que se preveían, la desviación es de dos millones menos, casi una quinta parte de lo esperado.