El Gobierno de Aragón ha constituido el Foro de Contratos Públicos, un órgano que promueve la participación de los agentes sociales en los contratos públicos que elabore la comunidad autónoma. Hasta ahora existían dos entes consultivos y de control para esta cuestión, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos y la Junta Consultiva de Contración Administrativa, pero no existía --como indica la orden de creación del foro-- «ningún espacio de escucha activa y de diálogo con el que satisfacer las demandas de participación enel diseño de las políticas de contratación pública que diversos agentes viene reclamando».

De este modo, el foro servirá para canalizar la participación de estos agentes sociales y podrán dar su opinión y emitir diversas recomendaciones sobre este tipo de operaciones, que según el Gobierno autonómico suponen el 14% del Producto Interior Bruto de la comunidad. Será presidida por el director general de Contratación del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Bernal. No existe un órgano igual en toda España, por lo que Aragón se convierte en la administración pionera por su aplicación.

El foro se constituirá en las próximas semanas y surge tras una iniciativa parlamentaria presentada por Izquierda Unida en las Cortes de Aragón en septiembre del 2015.

Izquierda Unida llevó a las Cortes esta reivindicación como propuesta para poner medidas contra la externalización de servicios públicos, que ha sido una práctica común a la mayoría de Administraciones Públicas, con diferentes objetivos en función de las diferentes fuerzas políticas que las han conformado. «Habitualmente se han producido estas externalizaciones con un mantra que el tiempo ha demostrado equivocado», señaló ayer la diputada de IU, Patricia Luquin, para quien este foro de contratos públicos de Aragón y su reglamento es necesario para garantizar transparencia, participación y la incorporación de cláusulas sociales a las contrataciones públicas, así como seguimiento del cumplimiento de los pliegos por parte de las adjudicatarias».

Toda la actividad que elabore este foro será recogida a través de las webs de transparencia y participación ciudadana, y el secretario del foro elaborará un informe en el que se recogerá toda la actividad anual.

En cuanto a su composición, la orden señala que «deberá procurarse que la desginación de sus miembros obedezca a criterios de especialización por razón de la materia, primando la cualificación técnica de sus miembreos, que actuarán como representantes de los intereses afectados por la actividad contractual, y no tanto de la organización que los proponga o para la que presten servicios». Este foro emitirá recomendaciones a los tribunales de contratación, pero estas solo serán orientativas, como también lo serán para el diseño de las políticas públicas de contratación.

La creación de este foro no supondrá ningún coste adicional a las arcas públicas.