El Ayuntamiento de Zaragoza dio este viernes luz verde a la firma del convenio y la encomienda de gestión que cada año suscriben con el Gobierno de Aragón, desde el 2016 y para que el consistorio cubra servicios como la ayuda a domicilio o la teleasistencia para personas con dependencia. A toda prisa para no demorarlo tres meses, y con infradotaciones en la cuantía, que este año asciende a 6,65 millones de euros, el resultado ha sido la unanimidad de todos los partidos. Aunque desde la oposición han arreciado las críticas al responsable municipal de Acción Social, el conservador Ángel Lorén, que convocaba la sesión con menos de 24 horas de antelación que le exige el reglamento, el documento pactado con la DGA salía adelante sin ni siquiera conocer el contenido de los informes que sustentan este nuevo convenio mejorado.

Entre esos documentos que le faltaban a la oposición estaba el de Intervención que había detectado un "déficit de 122.876,45 euros", ha asegurado el propio Lorén, respecto a los costes que cubre el dinero de la comunidad autónoma. Una diferencia que el Gobierno aragonés, ha añadido el edil del PP, se ha comprometido a atender cuando se sienten a hablar con el consistorio "a partir del 15 de enero".

Pero la diferencia más importante entre lo que la DGA va a abonar y lo que realmente va a costar llegará con la adjudicación del nuevo contrato de ayuda a domicilio. Y es que salió a licitación a un precio de más de 19 euros la hora y este convenio y encomienda se ha calculado sobre los 17 actuales. Todo ello se adaptará a lo largo del 2020, ha asegurado el concejal Lorén.

Sin embargo, no ha podido evitar las críticas de la oposición, especialmente de la izquierda, que ha lamentado el retraso en gestionar este acuerdo después de haber llegado a un pacto con la DGA "hace un mes" y que se tenga que votar "como un acto de fe" y obligando a algunos ediles a retornar de sus vacaciones navideñas para poder votar. Algunos ni siquiera han podido, como el alcalde Jorge Azcón, uno de los siete ausentes en la sesión junto a Carolina Andreu, del PP; Lola Ranera, Inés Ayala y Jose María Arnal, del PSOE; Víctor Serrano, de Cs; y Fernando Rivarés, de Podemos-Equo. Aún así, el convenio se firmará con la unanimidad del pleno, uno de los pocos consensos logrados por el Gobierno PP-Cs en lo que va de mandato.