El convenio antidesahucios que hace un año --a principios de junio-- firmaron el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha permitido auxiliar a 17 familias en serio riesgo de vulnerabilidad, a las que se ha facilitado una vivienda de la bolsa con la que cuenta la DGA en régimen de alquiler social.
En en este primer año de aplicación, 40 familias han solicitado acogerse a este acuerdo, de las cuales 11 no cumplían con los requisitos necesarios para hacerlo, por lo que fueron rechazadas. Ocho de ellas están en trámites para la obtención de vivienda, mientras a las 21 restantes ya se les consiguió un nuevo hogar. Sin embargo, según fuentes del Gobierno de Aragón, cuatro de los solicitantes finalmente no la aceptaron, al haber encontrado alternativas por su cuenta durante el tiempo de la tramitación.
El convenio firmado entre las tres citadas instituciones no conllevó inversión económica, sino que fue un compromiso de comunicación a tres bandas para tener noticia, y actuar, en los casos más desesperados de desalojos, tanto ejecuciones hipotecarias como desahucios por impago del alquiler. De hecho, según explicó hace un año el Gobierno de Aragón --cuyo consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, rubricó el acuerdo--, el motivo de impulsarlo fue el auge de los segundos.
EXIGENCIAS Según el trato, los juzgados se comprometían a poner en conocimiento de la DGA los casos de aparente estado de vulnerabilidad de las familias, cuando los detectaran al proceder al desalojo. El protocolo fijado es que la comisión judicial entregue a la familia un folleto explicativo de este protocolo, para que comprueben si cumplen los requisitos para acogerse a él.
En caso afirmativo son derivados a los Servicios Sociales de la DGA --que también pueden detectar los casos por sí mismos en ocasiones--, quienes evalúan su situación y, en coordinación con el juez, les dan un margen de residencia en su casa hasta que pueden encontrarles otra, de la bolsa de vivienda autonómica, en la que viven en régimen de alquiler social, a muy bajo precio. La FAMCP se adhirió al convenio ya que muchas comarcas, y algunos municipios, tienen competencias en materia de Servicios Sociales.
Las medidas que contempla el plan amplían las adoptadas a nivel nacional por el Real Decreto Ley 8/2011, que elevó al 150% del salario mínimo la cantidad que no podían embargar los acreedores a quien hubiese perdido su casa. También aumentó del 50% al 60% del valor de tasación el límite mínimo para la adudicación de la casa, a la hora de saldar la deuda. Y redujo al 20% el depósito necesario para pujar por la casa.
A estas medidas se añadieron los reales decretos del 2012 que marcaban un código de buenas prácticas bancarias y daban un periodo de carencia de dos años a los deudores para poder seguir viviendo en su casa en casos de extrema vulnerabilidad.
Aunque según criticaron los colectivos sociales, estas medidas no han sido del todo efectivo porque, por ejemplo, las familias que sí que podían acogerse al periodo de carencia han seguido acumulando intereses de demora que tendrán que abonar, con la deuda, cuando acabe.
