Los cerca de 10.000 laborales que trabajan actualmente en la Diputación General de Aragón carecen de convenio colectivo desde hace casi seis años. Es lo que ha transcurrido desde que en diciembre de 1997 finalizó la vigencia del sexto convenio. En todo este tiempo, el Gobierno aragonés y los sindicatos se han mostrado incapaces, por diversas razones, de cerrar otro convenio que sentara las bases de la nueva Administración autonómica que ha adquirido dimensiones mastodónticas con la llegada de la Educación y la Sanidad.

A este hecho, se añade el agravante de que el sexto convenio tuvo una vida cortísima. "Nació muerto", aseguran fuentes sindicales. Y es que vio la luz en marzo de 1998, aunque con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1994 y su duración era de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 1997. Es decir, no tuvo ni un día de vida.

Como consecuencia de todo ello, las normas que rigen las relaciones entre el personal laboral y la Administración autonómica se han quedado totalmente desfasadas. Muchas categorías profesionales nuevas no están recogidas en convenio (no existe la figura del celador de Salud ni tampoco la del auxiliar de educación especial). Tampoco se ha realizado una revisión de los puestos de trabajo desde 1998 y algunos de los complementos salariales no se han revisado al alza. Sólo los pluses de festivos y de turnicidad se han adaptado a los nuevos tiempos tras el acuerdo de febrero pasado.

Una anécdota: el sexto convenio colectivo regula la situación laboral de los trabajadores públicos que realicen el servicio militar obligatorio. En ese caso, el funcionario tiene derecho al 70% de "su salario real".

Son las paradojas de un convenio que se negoció con apenas 3.000 laborales en el Pignatelli.