La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FBAZ), junto a otros colectivos que defienden la sanidad pública, ha convocado para mañana, jueves, una concentración para reclamar una auditoría ciudadana de la deuda del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (Casar).

La convocatoria, a las 9.30 horas en la puerta del Palacio de la Aljafería, coincide con el debate en el Pleno de las Cortes de Aragón sobre la integración del consorcio en el Salud, según ha informado la federación en un comunicado.

La integración del Casar en el Servicio Aragonés de Salud, con la que está de acuerdo la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, debe realizarse, en su opinión, sin la asunción por parte de la sociedad aragonesa de cargas ilegítimas que no le corresponden.

Por ello, las organizaciones convocantes, entre las que también se incluyen la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, el Foro de Presidentes de Consejos de Salud, Marea Blanca o la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad, exigen la realización de esta auditoría al consejero del ramo, Ricardo Oliván, que pretende publicar antes de fin de año una Ley de medidas para la efectiva integración del Casar en el Salud.

La FABZ estima una deuda acumulada del Casar de 20 millones de euros, a la que habría que sumar la deuda del hospital de Jaca en el periodo de 2002 a 2006, aunque reconoce que no ha podido conocer las cuentas del consorcio desde sus inicios porque no tiene obligación legal de presentarla.

Por ello, reclaman una auditoría ciudadana de las cuentas y de la gestión realizada por los directivos y entidades que han formado parte del CASAR desde su constitución en 2006 y que se señale a los responsables de la deuda y de la mala gestión, para que se les exija responsabilidad por los perjuicios ocasionados.

La FABZ ha calificado además de "caótica" la situación creada con los trabajadores que tienen una vinculación con el consorcio, entre los que existen varias fórmulas de contratación y sin que se haya valorado si en todos los casos se han respetado los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y libre concurrencia.

En este sentido, exige que, de la misma forma que han de respetarse los derechos de los trabajadores a la hora de su integración, ésta no sirva de excusa para amortizar plazas de cualquiera de las categorías profesionales implicadas en el Salud.